ienten quienes aseguran que, salvo el número de muertos y la corrupción, nada crece en este país. Y el mismísimo gobierno federal aporta elementos de juicio: con Enrique Peña Nieto en Los Pinos, la deuda del sector público, en su más amplia expresión, se ha incrementado un billón 300 mil millones de pesos, cantidad que representa un avance de 22 por ciento en apenas dos años.

Lo anterior tiene otra lectura, tal vez más comprensible para los mexicanos de a pie: cada uno de ellos, incluidos los recién nacidos, adeuda 60 mil 612 pesos (contra 50 mil 342 pesos al cierre del calderonato), sin recibir nada a cambio. Todo ello por cortesía del gobierno federal (especialmente de Luis Videgaray, doble ministro del año, pensador global y mago de las finanzas públicas con casita en Malinalco).

De mantenerse ese ritmo de endeudamiento, con base en los datos oficiales referidos, al concluir el sexenio peñanietista, y siempre en el mejor de los casos, cada mexicano adeudaría no menos de 84 mil pesos, claro está, sin recibir nada a cambio, es decir, ni crecimiento, ni bienestar ni desarrollo. Y lo anterior es independiente de los gruesos pasivos (alrededor de 500 mil millones, oficialmente) que acumulan las 32 entidades de la República, los cuales, desde luego, también se cargan a la población.

La historia no es nueva, desde luego. Para no ir más lejos, en el transcurso del siglo XXI la deuda por habitante (la que, gústeles o no, se carga a cada uno de los mexicanos) se ha incrementado 500 por ciento, al pasar de 10 mil 200 pesos al comienzo del sexenio foxista a 50 mil 342 pesos al concluir el calderonista, y de allí a 60 mil 612 pesos al cierre del segundo año de Enrique Peña Nieto.

Lo anterior implica que en ese periodo la deuda por habitante creció 35.7 por ciento como promedio anual, en una economía con un incremento anual promedio, en igual lapso, que a duras penas alcanza 2 por ciento, de tal suerte que el débito per cápita aumentó a un ritmo casi 18 veces superior al registrado por la economía de gran calado que tanto presumen en el gobierno federal. Y entre los obligados pagadores (quienes ni siquiera han sido informados que deben esa cantidad) se cuentan los 63 millones de pobres, los cerca de 30 millones que sobreviven en la informalidad y los millones que recibieron un aumento salarial de 2.81 pesos para 2015.

Si se considera el salario mínimo como parámetro, en los primeros dos años de Enrique Peña Nieto en Los Pinos la deuda por habitante se incrementó 10 mil 270 pesos, mientras que en ese mismo lapso el miningreso aumentó 4.83 pesos. He allí, pues, uno de los resultados tangibles que el susodicho ofreció al mudarse a la residencia oficial.

En este contexto, el 65 por ciento de los mexicanos ocupados (en términos laborales, claro está) obtiene un ingreso que va de cero a tres salarios mínimos, y a ese universo el gobierno federal le ha endosado el grueso del pago de la deuda (en realidad se pagan intereses para seguir endeudándose y tener con qué pagar los intereses de los intereses y así endeudarse más).

De acuerdo con el más reciente informe mensual sobre el comportamiento de las finanzas y la deuda públicas (con datos al cierre de noviembre de 2014) divulgado el pasado martes por la Secretaría de Hacienda, el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público (que es el monto de la deuda en su expresión más amplia) cerró el citado mes en 7 billones 152 mil 245.6 millones de pesos, monto equivalente a 42 por ciento del producto interno bruto. Así, en el primer bienio de EPN dicho saldo se incrementó en 6 puntos porcentuales con respecto al cierre del calderonato, equivalentes a poco más de un billón 300 mil millones de pesos.

Así, en el primer bienio de la dupla Peña Nieto-Videgaray (o al revés) en Los Pinos, el ritmo promedio de endeudamiento del sector público ha sido de mil 783 millones de pesos por día de estadía en la residencia oficial (hasta noviembre pasado), o si se prefiere casi 75 millones de pesos por hora.

El saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, de acuerdo con la definición de la propia Secretaría de Hacienda, agrupa a la deuda neta del sector público presupuestario, las obligaciones netas del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), pasivos del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), los asociados a los proyectos de inversión pública financiada por el sector privado (Pidiregas), los correspondientes a los Programas de Apoyo a Deudores, así como la pérdida esperada de la banca de desarrollo y los fondos de fomento. Y todo eso, a estas alturas, sobrepasa los 7 billones de pesos.

Como se apunta, en dicho concepto se consideran los pasivos del IPAB (que no son otros que los del Fobaproa). En este 2015 se cumplen 20 años del inicio del rescate bancario ordenado por Ernesto Zedillo y operado por Guillermo Ortiz (en ese entonces secretario de Hacienda) y Miguel Mancera Aguayo (gobernador del Banco de México).

Sin más, la factura fue trasladada a los mexicanos en su conjunto, quienes acumulan dos décadas pagando, y muy caro, los errores, abusos, complicidades y corruptelas de banqueros y autoridades (todos impunes) y, a pesar de ello, todavía adeudan 861 mil millones de pesos (según el último arqueo oficial), 46 mil millones más que cuando EPN llegó a Los Pinos.

En fin. Endeudados hasta el occipucio, pague que te pague y con las veladoras encendidas, los mexicanos llevan décadas sin ver una buena. Entonces, ¿qué se hizo con esa carretada de dinero producto de la acelerada contratación de deuda pública? Cualquier cosa, por lo visto, menos lo que la ley obliga, es decir, cuidar que los recursos procedentes de financiamientos constitutivos de la deuda pública se destinen a la realización de proyectos, actividades y empresas que apoyen los planes de desarrollo económico y social, que generen ingresos para su pago o que se utilicen para el mejoramiento de la estructura del endeudamiento público.

Y agárrense, que ya está aquí 2015 con el primer regalito del año.

Las rebanadas del pastel

En noviembre pasado el ingreso petrolero se desplomó cerca de 20 por ciento, con precios que fluctuaron entre 73.74 y 69.77 dólares por barril. ¿Cuál será el balance, cuando en diciembre cerró a 45 dólares?... Y el billete verde terminó 2014 en 15.05 bilimbiques. Todavía no concluye el Lupe-Reyes, pero bienvenidos a la realidad.

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