Culiacán, Sin.

En el presupuesto de egresos de este año, ni el gobierno de Sinaloa ni los legisladores locales incluyeron recursos para la atención de víctimas del delito, para miles de desplazados por la violencia –generalmente relacionada con el narcotráfico– ni para poner en marcha el Centro de Justicia para Mujeres.

En 2014 el gobierno de la entidad debió crear la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, como estipulan las reformas federales en materia de derechos humanos aprobadas en 2011 y la Ley Estatal de Víctimas, lo que no sucedió. Tampoco se etiquetaron recursos con este fin para 2015.

El secretario general de Gobierno de Sinaloa, Gerardo Vargas Landeros, dijo que se pueden hacer ajustes durante el ejercicio presupuestal de este año para crear la comisión.

También fueron excluidos el Centro de Justicia para Mujeres, cuya conformación fue incluida en el presupuesto de egresos 2012, con ocho millones 500 mil pesos, pero tampoco se ha concretado. El 13 de diciembre de 2013 la administración estatal emitió un decreto para crear ese centro, que debía tener domicilio en esta ciudad.

La creación del Centro de Justicia para Mujeres es una de las metas incumlplidas del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 del actual gobierno, encabezado por Mario López Valdez.

El presupuesto estatal tampoco incluye una partida para atender a las cerca de 30 mil personas desplazadas por la violencia generada por las pugnas entre cárteles en la zona serrana.

La mayoría de los desplazados viven en zonas marginadas de Culiacán (donde laboran de pepenadores), Navolato (de jornaleros agrícolas), Salvador Alvarado, Mazatlán y Ahome.

El secretario de Desarrollo Social estatal, Juan Ernesto Millán Pietch, afirmó que ni la Federación ni el estado tienen recursos etiquetados para atender a las familias desplazadas por la violencia, lo que no significa que no se hace esfuerzo alguno para mitigar los problemas de este sector.

Indicó que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores prometió ceder casas a los desplazados, quienes reciben despensas y algunos servicios públicos.