or estos días hace un año, miles de damnificados que dejaron los huracanes Ingrid y Manuel en el estado de Guerrero se quejaban por la tardanza en recibir los auxilios prometidos por las instancias oficiales. Igualmente de que, aun contando con la protección de un seguro contra daños en sus propiedades y negocios, las aseguradoras no los atendían con la rapidez requerida, además de negarse a cubrir lo estipulado en las pólizas. En Guerrero, apenas tres de cada 10 vehículos y sólo 15 de cada 100 viviendas cuentan con algún tipo de seguro contra los daños que pueden ocasionar los fenómenos naturales.

En mayo pasado, mil 500 familias y 174 comunidades de la Montaña de esa entidad todavía sufrían las secuelas que en sus escasos bienes dejaron ambos meteoros. En esa desfavorable situación enfrentan la nueva temporada de huracanes. Las organizaciones sociales de la región, una de las más pobres del país, también reiteraron las fallas que los gobiernos estatal y federal tuvieron hace un año al no realizar su tarea preventiva. Tampoco la hacen con las lluvias de la presente temporada, cuando los especialistas las califican de más agresivas que las anteriores. Pidieron también que lo que les envíen desde la ciudad de México no sea por conducto de las autoridades locales, pues la usan con fines particulares o electorales, sino directamente a los dirigentes de las comunidades afectadas.

En agosto pasado, nuevamente afloraron las quejas de las comunidades de la Montaña por las fallas del apoyo oficial destinado a paliar los destrozos que dejaron Ingrid y Manuel.

Como está probado, en Sonora los sistemas de protección civil tampoco funcionaron oportunamente con motivo del derrame de sustancias tóxicas ocurrido en la mina de cobre que explota el Grupo México en el norte de esa entidad. No existieron por parte de la empresa, mientras las autoridades minimizaron inicialmente lo que estaba pasando. La falta de coordinación de las instancias oficiales ante esta enorme tragedia ambiental se expresa en el enfrentamiento del gobierno estatal con el federal, cuando lo fundamental, en este y en todos los casos, es resolver de la mejor manera los problemas que aquejan a miles de familias en las áreas afectadas por el derrame. Y además, sancionar ejemplarmente a la empresa (propiedad de la segunda mayor fortuna del país) y obligarla a pagar por todos los daños que ocasionó.

Otra muestra de que la nueva política para garantizar la seguridad de los ciudadanos ante los fenómenos naturales sigue sin tomar el rumbo requerido, se tiene en la exclusiva zona turística de Los Cabos, azotada por la fuerza del huracán Odile. Nuevamente las instancias oficiales reaccionaron descoordinadamente y mal. Por principio, no tomaron con la seriedad requerida la alerta oportuna que el Servicio Meteorológico Nacional hizo de la llegada de Odile. Arribó con vientos de casi 200 kilómetros por hora, poniendo en riesgo la vida de la población local y los 25 mil turistas hospedados en los hoteles de Los Cabos. En el colmo: cuando ya se sabía que el huracán impactaría el centro de descanso por excelencia de Baja California Sur, seguían llegando visitantes por vía aérea.

Brillaron por su ausencia las normas mínimas de seguridad que la población debe tomar en estos casos y el resultado son los severos daños registrados en la zona hotelera, en las áreas donde vive la población local, en los servicios públicos básicos. Ocurre esto cuando la entidad ha sufrido huracanes que dejaron cientos de víctimas y daños incalculables. En Los Cabos, a la falta de medidas de prevención se sumó la descoordinación institucional al enfrentar los problemas y hacer más llevadera la situación de los damnificados, especialmente al brindarles agua potable y alimentos.

En fin, Odile desveló la otra cara del turismo de lujo: la pobreza de quienes se ocupan de atenderlo, la fragilidad de las áreas donde viven, los servicios públicos y las construcciones mal hechas. Las imágenes que divulgaron por el mundo los medios dejó maltrecha la publicidad oficial que vende un México paradisiaco para los visitantes con dinero y oculta a los pobres que en buena medida lo hacen posible.