Buenos Aires.

A días de finalizar el año, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) presentó un amparo ante la Corte Suprema de Justicia por el caso del Grupo Clarín, que nuevamente recurrió a maniobras judiciales para impedir la adecuación de oficio de esa poderosa empresa mediática, como dispone la Ley de Medios.

Desde que esta ley fue votada por mayoría en el Congreso de la Nación en octubre de 2009, el Grupo Clarín, considerado el mayor monopolio mediático en Argentina, intentó todos los caminos de la justicia para incumplir los puntos que indican que no podrán existir posiciones monopólicas, a fin de democratizar la comunicación.

Si el alto tribunal acepta este pedido, deberá pronunciarse sobre la validez de la medida cautelar del juez Horacio Alfonso, quien volvió a favorecer al grupo. El titular de la AFSCA, Martín Sabbatella, advirtió que el gerente general de Grupo Clarín, Héctor Magnetto, busca una democracia mutilada y pidió a la justicia terminar con los privilegios de los más poderosos.

En octubre de 2013, después de casi cinco años de maniobras del Grupo Clarín para no obedecer la ley que lo obliga a deshacerse de una serie de emisoras de radio y canales de TV, ya que es dueño de 267 medios, así como diarios y revistas en todo el país, apeló a la supuesta inconstitucionalidad de la ley, pero la Corte Suprema falló confirmando la constitucionalidad de la misma.

Actualmente, mediante la nueva solicitud de la AFSCA, la Corte deberá pronunciarse sobre la adecuación de oficio que debe cumplir el Grupo Clarín, dado que otras empresas mediáticas han presentado el plan respectivo.

El periodista Federico Bernal presentó hace tiempo una lista detallada de 237 de los 267 medios que maneja Grupo Clarín en todo el país. Preguntó a sus lectores si consideraban justo civilizado, apropiado y beneficioso a la verdadera pluralidad de voces, a la libertad de expresión y a la libertad e igualdad periodística en Argentina semejante engendro, semejante nivel de concentración, de dominio y poder.

Recordó que el marco regulatorio de la pasada dictadura, que posibilitó la aglutinación de los medios que figuran en el listado en un mismo y único dueño –como en este caso Clarín– está destinado a terminar gracias a la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Pero advierte que, por desgracia, esta norma sancionada por el Congreso de la Nación está amenazada por toda la serie de maniobras y complicidades de algunos sectores judiciales.

Desde su punto de vista, Grupo Clarín se ha convertido en una de las mayores afrentas a la seguridad jurídica del pueblo argentino y por esta razón terminar con este tipo de conductas lesivas a la democracia y al normal y sano desenvolvimiento de la nación se ha convertido hoy día en una tarea de toda la ciudadanía.

Advirtió, asimismo, sobre los dos escenarios futuros que plantea el nivel de confrontación y los intereses en juego entre los dos modelos mediáticos antagónicos que hoy conviven en Argentina: el engendro (Grupo Clarín) sigue creciendo y devorando más y más medios, firmando el acta de defunción de un periodismo honesto y libre; o en el segundo caso una verdadera democracia mediática y comunicacional pone fin a la aberración antes graficada, lográndose instaurar definitivamente en el país.

La AFSCA intenta que la reciente medida cautelar resuelta por el juez en lo comercial civil y comercial federal de primera instancia, Horacio Alfonso, que favorece al Grupo Clarín, sea revisada por la Corte, ya que es un tema que entraña cuestiones de notoria gravedad institucional.

La norma establecía plazos para que el grupo encabezado por Magnetto y Ernestina Herrera de Noble hiciera la adecuación voluntaria –como han hecho otras empresas–, pero estos plazos ya vencieron el año pasado y la AFSCA comenzó con la adecuación de oficio. Otra vez Clarín obstaculiza a una ley de la nación.

La AFSCA sostuvo que la resolución de un juez de primera instancia, contrariando los principios ya establecidos por la Corte Suprema de Justicia en su fallo del 29 de octubre del 2013, compromete las instituciones básicas del sistema republicano.