La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) interroga desde el pasado viernes por la noche al alcalde del municipio de Cocula, Guerrero, César Miguel Peñaloza Santana, a quien pretende arraigar por 40 días, confirmaron ayer fuentes de la Procuraduría General de la República (PGR).

Sin precisar detalles respecto de las declaraciones que ha dado el presidente municipal ante fiscales de esa institución, los funcionarios entrevistados aseguraron que Peñaloza Santana compareció en cumplimiento a una orden de localización que fue librada en su contra la semana pasada por funcionarios de la Seido.

Esta es la segunda vez que el edil de Cocula es requerido por las autoridades ministeriales, a raíz de la investigación que realiza la PGR por la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero.

La primera comparecencia de Peñaloza Santana ocurrió a mediados de octubre pasado, cuando el alcalde acudió a las instalaciones de la Seido y, después de declarar varias horas, fue liberado.

De acuerdo con documentos judiciales, existen diversos testimonios de policías de Iguala y de Cocula, así como de sicarios del grupo criminal denominado Guerreros Unidos, quienes ante fiscales de la PGR han asegurado que varios agentes municipales de Cocula fueron quienes entregaron vivos a 43 normalistas a delincuentes, que posteriormente los habrían ejecutado y quemado, y sus cenizas tiradas al río San Juan.

Entrevistado en octubre pasado, después de rendir declaración ante la Seido, el alcalde de Cocula, de filiación priísta, rechazó tener conocimiento de que los policías de su municipio estuvieran ligados al ataque, detención y desparición de normalistas de Ayotzinapa.

La esposa del edil Peñaloza Santana, Lizbeth Alarcón Rodríguez, reportó el sábado pasado la desaparición de su pareja.

El líder del PRI en Guerrero, Cuauhtémoc Sandoval, informó durante el fin de semana, en una entrevista radiofónica, que el alcalde fue llevado en calidad de presentado a la PGR el viernes.

Catorce policías municipales de Cocula, además de Salvador Bravo Bárcenas, director de Seguridad Pública de esa localidad, que limita con Iguala, están detenidos y enfrentan un proceso penal por su presunta implicación en el asesinato y desaparición de normalistas.

Apenas el pasado 10 de diciembre diputados de oposición exigieron la detención del presidente municipal de Cocula, en un acalorado debate con los priístas en el Palacio Legislativo de San Lázaro.