Madrid.

El presidente de Cataluña, el nacionalista Artur Mas; la vicepresidenta, Joana Ortega, y la consejera de Educación, Irene Rigau, serán investigados, lo que abre la puerta a una posible imputación por un delito de desobediencia, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña decidió admitir a trámite las más de 30 denuncias presentadas por su convocatoria a la consulta ciudadana del pasado 9 de noviembre.

En aquella jornada de participación ciudadana –como la definió el propio gobierno catalán– se preguntó a la sociedad catalana si quería un Estado independiente. Votaron ese día más de dos millones 300 mil personas, equivalente a 35 por ciento del padrón; 85 por ciento se inclinó por declarar la independencia.

El gobierno catalán, con el apoyo de la mayoría de los partidos políticos del Parlamento regional –con excepción del Partido Popular, el Partido Socialista de Cataluña y Ciutadans– aprobó una ley general de consultas para celebrar un referendo legal y con el padrón electoral como referencia. Pero el gobierno español, del conservador Mariano Rajoy, presentó cuatro recursos ante el Tribunal Constitucional (TC), que fueron admitidos y en los que además se dictaron una serie de medidas cautelares, entre ellas la prohibición de la consulta del 9 de noviembre.

Ante la prohibición del TC, el gobierno catalán, junto con sus aliados de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), Iniciativa per Cataluña y las CUP –que representan más de 65 por ciento del electorado– decidió, junto con las plataformas civiles la Asamblea Nacional Cataluña (ANC) y Omnimun, realizar un acto de participación ciudadana en la que no se utilizara el censo electoral y se realizara únicamente con el apoyo de voluntarios, para evitar incurrir en una violación de la ley.

El simple hecho de llevar a cabo la consulta representó para el gobierno español y el sindicato de extrema derecha Manos Limpias una vulneración de la legalidad; presentaron 30 denuncias contra el gobierno catalán en su conjunto y contra todos los partidos y asociaciones que los apoyaron.

El Tribunal Superior de Cataluña sólo admitió las denuncias –las agrupó en una sola– contra Mas, la vicepresidente Ortega y su consejera de Educación, las figuras más visibles de la consulta, y porque la mayoría de las votaciones se llevaron a cabo en colegios públicos que recibieron la orden de que ese día se abrieran las puertas para llevar a cabo el acto ciudadano.

Una vez admitida a trámite, será un juez el que decida si hay delito y en qué condiciones lo instruye, para iniciar las averiguaciones y los pasos previos a un juicio oral.