La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Coordinación General de Información y Análisis Financiero (Cgiaf) investigan a los directivos de la Sociedad Financiera Popular (Sofipo) Ficrea ante posibles acciones de lavado de dinero, informaron fuentes gubernamentales.

Ambas unidades de inteligencia, una adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la otra dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR), cuentan con indicios de prueba, entre ellos varias transacciones financieras y bancarias, sobre la comisión de probables conductas ilícitas ligadas a fraudes fiscales y a operaciones con recursos de procedencia ilícita.

A decir de los funcionarios entrevistados, la UIF y la Cgiafhan solicitado información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sobre las cuentas bancarias y transferencias que han hecho los directivos de Ficrea en meses recientes.

Jaime González Aguadé, presidente de la CNBV, informó en conferencia de prensa, efectuada el pasado 19 de diciembre, que revocó la licencia de la Sofipo Ficrea tras descubrir el desvío de recursos, así como el pago de los seguros de depósito de los ahorradores.

Dijo que tras la investigación y auditoría realizada a Ficrea se determinó la disolución y liquidación de la sociedad.

La auditoría, a cargo de PwC, encontró que los socios de la empresa incurrieron en desvíos de recursos para gastos en yates y aviones privados, entre otras cosas.

El desfalco de Ficrea ascendió aproximadamente a 2 mil 700 millones de pesos, afirmó.

Así, habiendo escuchado a la sociedad, el día de hoy la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores aprobó la revocación de la autorización para operar como sociedad financiera popular a Ficrea SA de CV, destacó González.

De su lado, las fuentes del gobierno federal consultadas indicaron que con la información de los órganos de inteligencia se pedirá a la Unidad Antilavado de Dinero de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Seido) que dé inicio a una averiguación previa por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo con la investigación, las autoridades tienen acreditado que del total de la cartera de crédito, que a octubre de 2014 era de 6 mil 284 millones de pesos, se transfirieron a empresas relacionadas unos 5 mil 900 millones; sin embargo, sólo se pudo constatar la integración de expedientes de arrendamientos por 3 mil 200 millones.

Los fondos restantes (aproximadamente 2 mil 700 millones de pesos) se utilizaron de distintas formas: transferencias al extranjero, compra de bienes muebles e inmuebles de uso no relacionado con las actividades de la sociedad, así como gastos personales de socios, como son nóminas de capitanes de aeronaves y yates, según los resultados de las indagatorias.