El nuevo sistema penal acusatorio y oral para delitos del fuero federal comenzó a funcionar el pasado 24 de noviembre en Durango y Puebla, con un gasto presupuestal aproximado de 14 millones de pesos, aunque hasta el momento sólo ha tenido dos casos para procesar, de acuerdo con informes del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

En ambas entidades operan nueve juzgados de distrito y tres tribunales unitarios de circuito, y tan sólo cada uno de los jueces y magistrados (sin contar los sueldos de los nueve funcionarios judiciales que están a su disposición) cobra un salario mensual que supera los cien mil pesos.

Los edificios de los Centros de Justicia Penal (CJP), sede de los juzgados de control, donde se desahogan los juicios orales, lucieron prácticamente vacíos entre el 24 de noviembre y el 12 de diciembre, que fue el último día laboral de los juzgadores del Poder Judicial Federal.

Los juzgados habilitados en los dos CJP que están vigentes –uno se ubica en el municipio de San Andrés Cholula y otro en la ciudad de Durango– realizaron pruebas del sistema de encriptación que usarán para comunicarse con los fiscales.

Según funcionarios del CJF consultados por La Jornada, para que se inicien las audiencias orales es necesario que la Procuraduría General de la República empiece a solicitar medidas cautelares a los jueces de control, quienes supervisarán las investigaciones.

Otra opción es que les presenten a delincuentes detenidos en flagrancia por delitos federales como portación de armas prohibidas.

La sala para audiencias orales ya está lista en Puebla y en Durango, las dos primeras entidades que aplicarán el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Abogados que litigan procesos penales del sistema acusatorio en los estados de México, Chihuahua y Morelos –donde el sistema acusatorio entró en vigor, para delitos del fuero común, a partir de 2006– aseguraron que uno de los grandes problemas con los que se está enfrentando este sistema de justicia penal es que los códigos procesales están llenos de formalismos que vuelven muy lentos los procesos de audiencia.

Están resultando los juicios más largos que lo que duraban en el proceso penal tradicional. Por ejemplo, en un proceso por robo de celular, donde el acusado fue detenido en flagrancia, pero que por pésimos consejos de sus abogados está optando por declararse inocente, ya llevamos nueve meses sin que pueda comenzar la etapa de juicio oral. Es un absurdo, sostuvo Eduardo Gil Ornelas, abogado que asesora a la víctima en este caso de robo.

Si tomas en consideración que una audiencia te la fijan para dentro de dos meses, y llegado el día no se presenta una de las partes, y la audiencia se difiere para dentro de tres meses más, estás hablando que el caso ya se alargó cinco meses, cuando en el anterior sistema, por delitos de poca monta como estos (el robo de un celular), se resolvía en dos o cuatro meses, añadió.