La situación de derechos humanos en México en 2014 fue una de las más complejas de los años recientes, en gran medida por los casos de Ayotzinapa y Tlatlaya, los cuales reflejaron que este tipo de abusos no son hechos aislados, como suelen afirmar las autoridades, sino muestras de una pauta de violencia generalizada y sistemática.

Así lo indicaron activistas de organizaciones sociales, quienes lamentaron que a dos años de iniciado el gobierno de Enrique Peña Nieto, todavía no haya acciones para frenar abusos graves de derechos humanos, como desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extrajudiciales, ni se lleve a la justicia a los responsables de dichos actos.

Santiago Aguirre, subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, indicó que 2014 fue un año marcado por la ejecución de por lo menos 12 personas el 30 de junio en Tlatlaya, estado de México, y los ataques del 26 y 27 de septiembre contra normalistas de Ayotzinapa, que dejaron cuatro estudiantes muertos y 43 desaparecidos.

Desde luego que este tipo de actos ya ocurrían antes, pero la dimensión de los dos casos generó una visibilidad renovada de la grave crisis de derechos humanos que arrastra México desde hace algunos años. A partir de ambos, buena parte de la sociedad mexicana toma conciencia y al mismo tiempo se resquebraja la imagen que este gobierno había tratado de formar en el extranjero, señaló.

Estos dos sucesos marcan un punto de inflexión en la manera en que México es visto a nivel internacional, pero no son hechos espontáneos, sino que ya antes habían ocurrido otros similares. No aparecieron de la nada: forman parte de muchos otros donde tampoco ha habido justicia, verdad ni reparación del daño, agregó.

Impacto mediático

En la actual administración, dijo Aguirre, ha habido algunos aspectos positivos, como la promulgación de la Ley General de Víctimas, la reforma al fuero militar y la liberación de presos que habían enfrentado procesos judiciales irregulares, pero todo ello no se ha traducido en modificar las causas estructurales del patrón de violencia e impunidad que vive el país.

Por su parte, José Antonio Guevara, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, estimó que las violaciones a las garantías básicas continuaron ocurriendo en 2014 de una forma similar a la de años pasados, aunque coincidió en que los hechos de Tlatlaya y Ayotzinapa tuvieron un impacto especial.

Este año se caracterizó por estos dos acontecimientos, que fueron muy importantes mediáticamente, pero la constante de todas formas siguió siendo la impunidad. No hay sentencias relevantes en casos de desaparición forzada, por ejemplo, y sigue habiendo un récord muy negativo por los altos índices de pobreza y marginación en el país, lamentó.

La única buena noticia de 2014 fue la no relección de Raúl Plascencia Villanueva en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Además de ello, el gobierno de Peña Nieto ya no exalta la violencia, como hacía Felipe Calderón, y eso es algo digno de reconocerse. Pero eso no se ha traducido en el castigo a los responsables de miles de delitos, enfatizó.

En el mismo sentido, organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos alertaron en diversos informes que durante este año siguieron ocurriendo en México diversas violaciones graves, como desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura, en un clima de total impunidad.