La ley para amnistiar a las autodefensas de Michoacán, a pesar del rechazo expreso del gobierno federal, debe aprobarse en el próximo periodo de sesiones legislativo, ya que además de que permitirá hacer justicia, contribuirá a pacificar la región, advirtió el senador panista Javier Corral.

Comentó que la oposición del PRI y la administración de Enrique Peña Nieto llevó a que el dictamen de esa ley, por la que podrían obtener su libertad José Manuel Mireles y más de 380 guardias rurales, quedará pendiente de aprobarse en comisiones en el Senado.

Estábamos ya para votarla, cuando el PRI pidió más tiempo, pero ya no se reanudó la sesión, recordó Corral. Hizo notar que durante enero, en que el Congreso estará en receso, PAN y PRD van a generar una discusión pública, que permita documentar y dejar claro de qué se trata”.

Manifestó que el PRI y el gobierno federal han querido asustar con ese cuento de que se trata de liberar a delincuentes, y que bajo esa ley de amnistía podrían ampararse hasta narcotraficantes, lo que es absolutamente falso.

El senador Corral indicó que van a organizar foros para derribar esa campaña embustera, a través de los testimonios de personajes claves de las autodefensas, especialistas y defensores de derechos humanos.

Explicó que la ley de amnistía que propone, junto con otros senadores perredistas y panistas, sienta bases, principios, que la autoridad aplicará en el caso de michoacanos presos y sometidos a proceso penal por actuar como guardias rurales.

Nada de narcotraficantes o extorsionadores, mucho menos asesinos. Incluso si un autodefensa, al defenderse de las bandas criminales que operan en Michaocán, cometió una violación a un derecho humano, tampoco será beneficiado.

Agregó que los procesos son por portación de armas y asociación delictuosa, pero aclaró que no se beneficiará a todos los 388 autodefensas presos. La mayoría, dijo, fueron aprehendidos en grupo. Cuando Mireles fue apresado, se detuvo a 81 personas que eran sus guardias, y luego del 9 de mayo de este año hubo otra detención masiva de 110 personas.

Corral precisó que si se revisan los casos se verán las múltiples violaciones al debido proceso, ya que los autodefensas fueron apresados como escarmiento para otros. El encarcelamiento de Mireles y los demás guardias rurales es una estrategia para reforzar la presencia invasora de la soberanía estatal del comisionado Alfredo Castillo, un personaje que asume funciones políticas, judiciales y legislativas. Fue una política de revancha con la que buscó imponerse, concluyó.