México sigue en franco incumplimiento de los tratados internacionales que lo obligan a prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, por lo que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés) solicitó al gobierno que entregue información de manera anticipada sobre su nivel de apego a dichos convenios e instaure medidas adecuadas en favor de los derechos de niñas y mujeres, señalaron diversas organizaciones especializadas en el tema.

En un comunicado conjunto –firmado por colectivos como Asociadas por lo Justo, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, entre otros–, informaron que el pasado 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Cedaw envió una carta al representante de México ante los órganos de derechos humanos de Naciones Unidas, en la que le urgió a cumplir a cabalidad con la información solicitada por ese órgano internacional.

En su informe más reciente, publicado en agosto de 2012, este comité indicó que a más tardar en dos años México debía proporcionar por escrito información sobre las medidas que hubiera adoptado en aplicación de dos recomendaciones relacionadas con la obligación de crear un registro oficial de las desapariciones forzosas, examinar los códigos penales locales para tipificar como delito las desapariciones forzosas, simplificar los procedimientos existentes para activar el Protocolo Alba y la Alerta Ámber, y normalizar los protocolos de búsqueda policial.

En una carta, suscrita por Barbara Bailey, relatora de seguimiento del Cedaw, se afirma que la información solicitada por el Comité debía ser enviada en julio de 2014, pero hasta la fecha no se ha recibido. Por tanto, la misiva agradece la aclaración respecto del estado actual de la respuesta.

La información que debe suministrar México trata de tres temas transcendentales: cifras sobre políticas relacionadas con desapariciones de mujeres, informar sobre procesos de armonización legislativa y dar insumos sobre el actuar del personal médico que atiende a niñas y mujeres, señalaron las organizaciones firmantes.