Debido a criterios racistas y xenófobos, el gobierno de Barack Obama ha puesto en marcha una política de deportaciones masivas que ha separado a miles de familias, en un problema que el gobierno mexicano no ha sido capaz de enfrentar hasta el momento, señaló Marco Antonio Castillo, dirigente de la Asamblea Popular de Familias Migrantes.

Durante un acto realizado con motivo del Día Internacional del Migrante –que se conmemoró ayer–, un grupo de mexicanos expulsados de Estados Unidos presentó sus testimonios de la forma en que sus vidas resultaron afectadas por la separación de sus familias, y exigió que los gobiernos de ambos países se pongan de acuerdo para terminar con este fenómeno.

Lo que ha pasado en los días pasados pone en evidencia el nivel de discriminación de la política estadunidense, que toma como bandera de lucha el vergonzoso racismo arraigado en muchas comunidades, afirmó Castillo, quien lamentó que la reforma migratoria de Obama muy probablemente quedará en suspenso por lo que resta de su segundo periodo de gobierno.

Ante la expulsión de decenas de miles de migrantes de Estados Unidos, quienes han sido deportados a un ritmo de medio millón al año desde que el demócrata llegó a la Casa Blanca en 2009, el gobierno mexicano no ha sido capaz de instrumentar una política eficaz para resolver el problema, indicó el activista.

Por momentos se abrió un debate sobre el tema, porque la demanda hizo surgir proyectos de atención, pero son completamente insuficientes. Muchos migrantes vienen con capacidades bien definidas que aquí no se les reconoce. También hay personas que regresan con enfermedades que no les atienden y niños que aún no son aceptados en las escuelas, añadió.

En el acto de ayer, un grupo de migrantes mexicanos deportados, después de haber vivido y trabajado en ese país por varios años de forma indocumentada, habló ante los medios sobre la forma en que han tenido que sobrellevar la separación familiar.

Muchos de ellos fueron expulsados cuando ya habían hecho una vida al otro lado del río Bravo, donde tienen hijos, parejas y propiedades. Muchos otros tienen parientes que no han querido arriesgarse a salir del país, y por ello tienen más de 10 años sin ver a sus familias.

Por todo ello, exigieron una reforma migratoria que permita a los indocumentados regularizar su situación en el país del norte, y tener la posibilidad reunirse de nuevo con sus seres queridos, como parte de una política bilateral que también genere proyectos productivos en los lugares de origen de los migrantes.