Caso Ayotzinapa, reforma política y decálogo de Peña, temas aplazados
Martes 16 de diciembre de 2014, p. 18
El Senado cerró anoche de forma abrupta el periodo de sesiones, sin reforma política y sin la respuesta que esa cámara había prometido dar al pliego petitorio de los familiares de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.
Una maniobra del PAN, cuya bancada se ausentó del salón de plenos, llevó a romper el quórum a las 10 de la noche, por lo que el periodo de sesiones debió clausurarse, sin que se hubiera aprobado tampoco la reforma constitucional que desindexa al salario mínimo de indicadores de multas, recargos y otros pagos y una docena más de dictámenes, agendados en segunda lectura.
Cuando se votaba una modificación a la Ley Orgánica del Congreso, resultó que sólo había 58 senadores, por lo que se clausuró esa sesión y se convocó a otra para 10 minutos después. Transcurrió media hora, pero los panistas no regresaron; pasaron lista 60 legisladores, no había quórum y se acabó el periodo.
El vicepresidente del Senado, el perredista Luis Sánchez, dijo que la sociedad exige cambiar la forma de hacer política y una parte de este Senado escucha a la sociedad. Los faltistas han traicionado a los habitantes del Distrito Federal, a los familiares de Ayotzinapa y a los trabajadores de México
, recalcó.
Antes, los coordinadores de PRI, PAN y PRD habían dado a conocer el acuerdo de dejar pendientes para febrero las reformas del presidente Enrique Peña Nieto que forman parte de su llamado decálogo, además de dictaminarlo conjuntamente con otras iniciativas en la materia.
El anuncio lo formularon los coordinadores de PRI, PAN y PRD, Emilio Gamboa, Jorge Luis Preciado y Miguel Barbosa, quienes desecharon la posibilidad de que haya un periodo extraordinario, toda vez que acordaron ya la ruta de esas reformas del Ejecutivo, que pasará por foros de análisis y consulta, que se pretende efectuar durante el receso legislativo, el cual se prolongará hasta enero.
La intención, precisaron, es fortalecer el Sistema Nacional de Seguridad Pública en los ejes de prevención, investigación, persecución, sanción de delitos e impartición de justicia, así como los sistemas penitenciarios y sus controles democráticos y sociales.
Para ello se creará un modelo policial, se analizará la minuta de Ley Reglamentaria de la Fiscalía General, así como la legislación en torno al sistema de competencias en la materia, la agenda de derechos humanos, en especial la desaparición forzada de personas y ejecución extrajudicial, al igual que la intervención federal en casos de crisis de seguridad y por infiltración del crimen organizado.
Se incluirá, detallaron los coordinadores, el blindaje de las instituciones políticas y de los procesos electorales, un sistema nacional anticorrupción y el Sistema Nacional de Transparencia y Rendición de Cuentas y la Ley de Ejecución Penal.
Las iniciativas, minutas y propuestas se harán en grupos de trabajo plurales, a los que se invitará a las dependencias del Ejecutivo federal. Se abrirán audiencias públicas con expertos y la sociedad civil. Las conclusiones serán procesadas para presentar los dictámenes al inicio del próximo periodo de sesiones, el 1º de febrero.
Quedó pendiente el nombramiento de los fiscales anticorrupción y de delitos electorales (Fepade), toda vez que pretenden reformar la minuta que les remitió la Cámara de Diputados sobre la ley Reglamentaria de la Fiscalía General, la que regula ambos cargos.
Lo que sí se alcanzó a aprobar fue la nueva ley para regular la deuda de estados y municipios, criticada por legisladores de PRD, PT y parte del PAN, por considerarla insuficiente.
El dictamen se aprobó en lo general por 85 votos a favor y 13 en contra. Esta ley lleva a nivel constitucional los excesos que se están cometiendo en estados y municipios. Hay senadores que dicen que habrá control en una comisión bicamaral: es absolutamente falso. Incluso se abre la puerta para que los fideicomisos puedan contratar deuda
, advirtió el perredista Mario Delgado.
El presidente del Senado convocó más tarde a una reunión de la junta de coordinación política, en la que se leería la respuesta a los familiares de los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos.