Luis Manuel Pérez de Acha, abogado fiscalista y profesor de la Escuela Libre de Derecho, y Darío Ramírez, director de la asociación civil Artículo 19, pidieron al director del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Aristóteles Núñez, que confirme si es verdadera la información que se desprende de la declaración de impuestos de 2010 hecha pública por Angélica Rivera Hurtado, esposa del presidente Enrique Peña Nieto.

Los solicitantes señalan que el SAT es la única institución que puede verificar si fueron pagados en tiempo y forma los gravámenes correspondientes al ingreso de 130 millones de pesos que, según su declaración, recibió Rivera Hurtado.

En entrevista con La Jornada, Pérez de Acha indicó que, a reserva de la respuesta del SAT, como especialista y conocedor de las leyes fiscales puede anticipar la posibilidad de que la ex actriz de Televisa incurrió en el delito de enriquecimiento ilícito por la adquisición de la llamada casa blanca. Añadió que si el SAT no demuestra que existió la declaración de pago de impuestos de la esposa de Peña Nieto, la autoridad actuará como encubridora de la probable comisión del delito.

El abogado fiscalista anticipó que el SAT rechazará la petición de información, justificándose en el llamado secreto fiscal, el cual “es inaplicable, dado que fue la propia señora Rivera quien permitió el acceso público a su declaración de impuestos en la página oficial”.

Explicó que como presidenta honoraria del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familila (DIF), Rivera sí es funcionaria pública, de acuerdo con el artículo 108 de la Constitución y el convenio de la ONU contra la corrupción, y como tal estuvo obligada a declarar su situación patrimonial en 2012 y 2013.