En Oaxaca, Guerrero y Chihuahua ocurre el mayor índice de violencia contra las defensoras de los derechos humanos y están en alto riesgo por la falta de interés del gobierno de atender las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), expusieron Atziri Ávila y Paloma Estrada Muñoz, al presentar el informe Defensoras somos todas, elaborado por la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos.

Las defensoras realizan su labor en un clima de violencia, hostigamiento y amenazas. En el país se producen y reproducen formas violentas de opresión, explotación, exclusión y discriminación por la discordancia entre legalidad y poder fáctico que favorece el machismo patriarcal, asentaron.

Especificaron que desde el año 2000 a la fecha la CIDH ha otorgado 66 medidas cautelares a personas de 16 estados, de esa cantidad 29, fueron para proteger a 87 mujeres, la mayoría de las beneficiadas radican en Chihuahua, Oaxaca y Chiapas, y 18 más a 19 colectivos que van desde grupos de personas organizadas, hasta asociaciones, ejidos y poblados. Sin embargo, el gobierno no muestra interés en proteger ni en respetar los derechos humanos de las defensoras; la violencia en su contra no se investiga ni se atienden las represalias por su activismo.

En Guerrero, abundó, Estrada Muñoz, “hay total impunidad. Los feminicidios no son investigados, los agresores no han sido detenidos. En tanto a las agredidas y defensoras de derechos humanos se les acusa de estar vinculadas con el crimen organizado”. En Oaxaca, la vulnerabilidad de las defensoras está vinculada con las confrontaciones de algunas comunidades contra intereses de grupos económicamente fuertes.

Con mayor frecuencia, las defensoras en situación de riesgo se ven obligadas a desplazarse de sus lugares de residencia como una medida de seguridad y autoprotección, algunas de ellas fueron Josefina Reyes Salazar, Maricela Escobedo, Blanca Velázquez, María Luisa García, Norma Andrade, María Teresa Vallejo, Guadalupe Calzada y Lydia Cacho, así como Alejandro Solalinde y Vidulfo Rosales.

Agregaron que la falta de sanción a los perpetradores de las agresiones en contra de las defensoras de los derechos humanos contribuye a la repetición de los hechos y agrava el nivel de riesgo en que llevan a cabo su labor.

Refirieron que en este año las mayores agresiones ocurrieron en contra de quienes defienden la tierra y los recursos naturales de sus comunidades, y como ejemplos mencionaron los casos de Alma Barrazo, en Sinaloa; a los activistas de El Barzón en Chihuahua; Enedina Rosas Vélez, presidenta del comisariado ejidal de San Felipe Xonacayucan, encarcelada por estar en contra de la construcción del gasoducto incluido en el Plan Integral Morelos, y María de la Cruz Dorantes, de La Parota, Guerrero.