n hilera, amarradas con un mecate, de una en fondo, con un letrero escrito a mano que dice infiltrados, 12 personas marchan por paseo de la Reforma. Son hombres y mujeres. Uno dijo ser militar, otro policía; varios son desempleados. Fueron detenidos por los maestros de Guerrero que llegaron a la ciudad de México el 6 de diciembre. Nadie los reconoció como integrantes de colectivos estudiantiles o de maestros. Dijeron que por 200 pesos aceptaron botear en nombre del movimiento magisterial.

No es el único caso de policías y militares que se han infiltrado en las protestas que han sacudido el país en los últimos dos meses. La lista de denuncias públicas sobre estos casos es enorme. En ocasiones los provocadores gubernamentales generan violencia o, vestidos de civil, detienen a manifestantes pacíficos. Por supuesto, las autoridades gubernamentales niegan cualquier responsabilidad en el asunto.

Un video de Animal Político captó el pasado 1º de diciembre el momento en que Israel Rodríguez, subdirector de Concertación Política y Atención Ciudadana del Gobierno del DF, lanza un tubo metálico hacia el lugar en el que granaderos y manifestantes se jalonean. El funcionario fue detenido por dos agentes, para a continuación ser liberado por otros granaderos que gritaron: ¡Espérense, es compañero!

Ese mismo día Regeneración Radio documentó cómo un personaje obeso vestido de civil patea a un joven al que granaderos de la SSP mantienen sometido en el suelo, al tiempo que le grita: ¡Vete a la verga, güey, hijo de tu puta madre!

A pesar de la evidente participación de provocadores gubernamentales en hechos violentos durante las protestas, éstos son achacados por las autoridades y algunos medios de comunicación exclusivamente a grupos de anarquistas y de jóvenes encapuchados.

La infiltración y provocación gubernamentales tienen un sentido. Usualmente, la destrucción de algunas tiendas de conveniencia, vidrieras de oficinas de empresas trasnacionales y cajeros automáticos durante una manifestación, y los choques entre manifestantes y policías, reciben más cobertura informativa que los casos de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas cometidos por militares y policías. La presencia masiva de decenas de miles de ciudadanos en las protestas y las demandas que enarbolan pasan a segundo plano.

Además, después de cada incidente de este tipo se levantan voces que exigen mano dura y cumplimento del estado de derecho. Simultáneamente las autoridades aumentan la presencia de granaderos y policías federales en las movilizaciones.

Sin embargo, achacar toda la violencia a infiltrados gubernamentales es incorrecto. Existen grupos de jóvenes radicalizados que reivindican la acción directa callejera contra los símbolos del Estado y el capital. Otros sostienen la legitimidad de la autodefensa. Su actuación en el país es evidente, al menos, desde febrero de 2001, cuando salieron a las calles de Cancún con motivo del encuentro del Foro Económico Mundial.

Esas fuerzas son parte de un movimiento planetario. Actúan con tácticas parecidas en Chile, Grecia, Brasil o Italia. Quienes en nuestro país participan en sus filas se ven como parte de una fuerza antisistémica, internacionalista, contemporánea y genuina, que les da identidad y sentido. Su existencia es un termómetro que mide la rabia que permea en sectores importantes de la juventud.

Forman un archipiélago de grupos de afinidad, federaciones, organizaciones para la acción e individualidades agrupadas para la acción en el Bloque Negro. Encasillarlos como anarquistas es un error. Algunos, como los insurreccionalistas, lo son; pero otros no. También integran esta constelación agrupaciones marxistas o colectivos ecologistas radicales.

Además, otros núcleos anarquistas no sólo no comparten esas formas de lucha, sino que las rechazan. Formados en el anarquismo histórico proveniente del mundo del trabajo o en el anarcopacifismo, quienes se deslindan del insurreccionalismo optan por otro tipo de intervención política. Dotados de un sentido de solidaridad y cooperación, rechazan la mercantilización de la vida cotidiana y la destrucción del ambiente. Combinan el estudio, la reflexión, el arte y la acción política. Fundan bibliotecas, dan conferencias y se reúnen regularmente. Muchos consideran a la resistencia civil pacífica una forma de lucha importante.

Acusar a los grupos de jóvenes radicalizados de ser infiltrados gubernamentales para deslegitimar la protesta ciudadana es un absurdo y una ofensa. Son lo que son porque así lo decidieron ellos mismos, no por una manipulación estatal. Pero son, también, producto de la precarización generalizada de nuestra sociedad y de la crisis de representación política existente. De hecho, muchos hacen todo aquello que la izquierda partidaria abandonó hace años para dedicarse a organizar elecciones.

Sin embargo, afirmar que no son infiltrados gubernamentales en las luchas no significa justificar su accionar. Desde mi punto de vista, son contraproducentes para el crecimiento, profundización y organización del descontento ciudadano su pretensión de asumirse como vanguardia iluminada al margen de los movimientos sociales; la sustitución que hacen del protagonismo popular por acciones ejemplares minoritarias; el riesgo que sus tácticas de lucha implican para miles de ciudadanos a los que, en lugar de defender, exponen a la represión, y el temor y/o rechazo que sus iniciativas provocan en quienes no comparten sus prácticas políticas en las protestas pacíficas.

Las acciones del Bloque Negro, del archipiélago anarquista y la radicalidad juvenil son realidades políticas inocultables. Más que descalificarlas o ensalzarlas a priori, es hora de analizar y debatir su sentido, significado y propuestas.

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