Madrid.

La defensa de Cristina de Borbón, hermana del rey de España, Felipe VI, entregó al juzgado los 587 mil euros que exigió la Fiscalía Anticorrupción, que equivalen al monto con el que se benefició del dinero del erario robado por su marido Iñaki Urdangarin, quien enfrenta una posible condena hasta de 20 años de cárcel.

El abogado que defiende a la hermana del monarca es Miquel Roca, experto penalista y uno de los llamados padres de la Constitución española de 1978. Roca, tras conocer el escrito final de la Fiscalía Anticorrupción, en el que sólo se reclamó a Cristina de Borbón una responsabilidad administrativa como beneficiaria a título lucrativo, anunció que el dinero fijado por el fiscal se depositaría lo antes posible. El objetivo es que, una vez garantizado el pago de la multa, el juez José Castro ordene el sobreseimiento de la causa abierta contra Cristina, tal como establece la doctrina del Tribunal Supremo.

Cristina de Borbón es la única de los principales imputados de la trama de corrupción del caso Nóos que no está acusada de los ocho delitos por los que se persigue al resto y por los que podrían recibir penas hasta de 20 años de cárcel, incluido su marido, Urdangarin, así como multas superiores a los cinco millones de euros.

Urdangarin, yerno del rey Juan Carlos –quien abdicó en abril pasado en medio de éste y otros escándalos– utilizó su condición de miembro de la familia real para conseguir contratos públicos para sus empresas, registradas como asociaciones sin ánimo de lucro, por las que podría haber hurtado al erario más de 11 millones de euros.

A diferencia del resto de los acusados –desde empresarios hasta dirigentes políticos, todos vinculados al conservador Partido Popular (PP)–, la hermana de Felipe VI fue considerada en el escrito del fiscal Pedro Horrach como beneficiaria a título lucrativo, lo que no supone una responsabilidad penal, pero sí administrativa, que contempla una multa equivalente al dinero del que se habría beneficiado.

Según las cuentas del fiscal, ese monto sería de 587 mil euros. Una cifra que no coincide con las estimaciones de la acusación particular, que reclama una multa de dos millones 200 mil euros y pide para Cristina una condena de ocho años de cárcel. Es señalada como dueña de 50 por ciento de la sociedad Aizoon, a través de la cual Urdangarin desvió fondos del Instituto Nóos.

Se prevé que a finales de esta semana el juez Castro ordene la apertura del juicio oral, en un escrito en el que se podría incluir el sobreseimiento de la causa contra Cristina o, si el juez mantiene otro criterio, la confirmación de la imputación a la hermana del rey, con lo que la obligaría a sentarse en el banquillo de los acusados.