Como ocurre a escala federal, al menos en cuatro de los 31 congresos estatales del país se han planteado iniciativas para transformar las procuradurías locales en fiscalías autónomas del Poder Ejecutivo. Tal es el caso de Sonora, Veracruz, Colima y Tlaxcala, donde varias barras y colegios de abogados penalistas se han pronunciado por que la designación de los fiscales sea por nueve años, como sucederá nacionalmente.

Las iniciativas proponen una total autonomía presupuestal y de gestión, así como la creación de fiscales que sólo puedan ser removidos mediante declaración de procedencia, es decir, que gozarían de fuero constitucional, similar al de los legisladores.

En el caso de Veracruz, el gobernador Javier Duarte de Ochoa presentó de manera reciente al Congreso local una iniciativa para crear una fiscalía general, la cual será totalmente autónoma.

En cuanto a la función de procuración de justicia, con el propósito de dotarla de plena autonomía, se propone depositar su ejercicio en un organismo autónomo del estado denominado fiscalía general, desarrollando así el principio de autonomía constitucional que se contiene en el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, refiere la iniciativa.

El Colegio Nacional de Abogados Penalistas –una de las asociaciones de litigantes de mayor prestigio a escala nacional, integrada por unos 3 mil profesionales– celebró ayer una asamblea extraordinaria, en la cual sus integrantes acordaron proponer al titular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam, como próximo fiscal general y a Luis Ángel Bravo como fiscal general de Veracruz.

“El Colegio Nacional de Abogados Penalistas apoya las propuestas de crear fiscalías generales tanto a escala federal como de los estados de la República, porque garantizarán la autonomía e independencia de la procuración de justicia. En especial se pronuncia por aprovechar la experiencia de Murillo Karam y del actual procurador general de Justicia de Veracruz, Bravo Contreras, afirmó en entrevista con La Jornada Jorge Reyes Peralta, presidente de la asociación de litigantes.

Se prevé que en el transcurso de 2015 varias entidades se sumen a estados como Veracruz en materia de procuración de justicia, con el propósito de que desaparezcan las procuradurías, que en la actualidad dependen de la administración pública de los poderes ejecutivos locales.