Especialistas en temas de transparencia y rendición de cuentas reconocieron que hasta la fecha la declaración patrimonial, que por ley deben rendir los funcionarios públicos, no ha funcionado como un instrumento para crear un verdadero sistema de alerta ante posibles irregularidades o conflicto de intereses.

En México, alertaron, tenemos un marco normativo muy deficiente para evitar que las actividades privadas de los servidores del Estado entren en conflicto con sus responsabilidades públicas.

Agregaron que no existe un organismo autónomo, independiente del Poder Ejecutivo, que se dé a la tarea de revisar las declaraciones patrimoniales y detectar cuando se generen posibles casos de conflicto de intereses.

Luego de que el diario The Wall Street Journal reveló que el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, compró una casa por 7.5 millones de pesos al constructor de la llamada Casa Blanca y dueño del Grupo Higa, Juan Armando Hinojosa, quien incluso le otorgó financiamiento para adquirir el inmueble, los especialistas señalaron que aún hace falta mucha información para conocer todos los detalles de esta transacción y que se explique la relación de este grupo con el primer círculo del presidente Enrique Peña Nieto.

En entrevistas por separado, Edna Jaime, directora general de México Evalúa, y Guillermo Ávila Reséndiz, experto en rendición de cuentas e investigador de Fundar, coincidieron en que el caso Videgaray demuestra que es urgente legislar a fondo en materia anticorrupción y establecer un compromiso serio con la transparencia. Pareciera que no se ha querido escuchar el clamor social para acabar con la impunidad y la corrupción.

Edna Jaime explicó que si bien el secretario de Hacienda cumplió con su declaración patrimonial e incluyó la posesión del citado inmueble, el tema se matiza porque involucra al Grupo Higa, muy ligado al gobierno del estado de México, cuando Enrique Peña Nieto era gobernador, y es ahí donde surge una duda razonable de que puede existir conflicto de intereses.

Recordó que se trata de un funcionario público que ha ocupado diversos cargos tanto en las administraciones estatal como federal, que ha entregado más de una declaración patrimonial, pero enfatizó que lo que debemos cuestionarnos es si hay o no un sistema eficaz de alerta que nos permita detectar este tipo de anomalías en el patrimonio de los funcionarios, pues indicó que las declaraciones de quienes ostentan un cargo público no son públicas de forma obligatoria.

Al respecto, Ávila Reséndiz indicó que en el momento en que Videgaray adquirió la casa –octubre de 2012– era diputado con licencia, coordinador de la campaña presidencial de Peña Nieto y más tarde encabezó el equipo de transición del gobierno peñista.

Durante ese lapso, añadió, manejó recursos públicos, tanto de la campaña como para las labores de cambio de gobierno, y de acuerdo con la Ley General de Responsabilidad Administrativa, se considerá como un servidor público a aquel que maneja o aplica recursos del erario.

Sin embargo, reconoció que en nuestro país el conflicto de intereses está “muy mal legislado, por lo que se requieren profundas modificaciones normativas en las que se incluya la regulación de responsabilidades de los funcionarios públicos, pues actualmente es muy laxa. Prácticamente se deja a la voluntad de cada servidor el no participar en asuntos que puedan generar conflicto entre sus intereses particulares y su función pública.