El Congreso de Guanajuato endureció las penas contra la violencia intrafamiliar y delitos sexuales –entre ellos violación cuando es cometida por un ministro religioso– y clasificó como graves la corrupción de menores, acoso y abuso sexual donde el inculpado no alcanzará libertad bajo fianza.

Las reformas surgieron después de 13 recomendaciones que emitió la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violen- cia contra las Mujeres (Conavim) para reducir la violencia de género y los abusos sexuales cometidos por docentes. El artículo 11 del Código Penal fue modificado. Incorpora como delitos graves el acoso sexual cuando la víctima es menor o incapaz, y el abuso sexual y la corrupción si la víctima tiene menos de 18 años.

Dijeron que la corrupción de menores es grave cuando un niño es exhibido sexualmente, se utilizaron recursos económicos o se colabora para que la víctima sea inducida a la mendicidad, a beber alcohol o a la drogadicción y cuando es presionada para realizar conductas sexuales o a formar parte de una asociación delictuosa.

El Poder Legislativo modificó el artículo 187-C para elevar el castigo máximo del acoso sexual y del hostigamiento sexual –cuando se comete por superiores jerárquicos o con puestos de poder. Pasó de cuatro a cinco años y de seis a siete años de prisión cuando la víctima sea un menor de edad o incapacitado.

Las penas máximas por violencia intrafamiliar aumentaron de cuatro a seis años de prisión y los diputados agregaron que también incurren en este ilícito los ex cónyuges o ex concubinos aunque ya no vivan con la víctima.

Chihuahua: arrestan a fotógrafo

Sergio Eduardo Duarte Martínez fue detenido y consignado a proceso por violación agravada y trata contra una niña de 14 años a la que vendía para sostener relaciones sexuales.

Además, filmaba videos pornográficos con ella y otras jovencitas a quienes convencía de que las contrataría como modelos o edecanes con salarios superiores a 50 mil pesos mensuales. En el material confiscado tenía varios videos para adultos.