La época navideña y vacacional de fin de año tendrá un nuevo simbolismo para las 46 familias de los normalistas de Ayotzinapa asesinados y desaparecidos. No tendrán celebración ni descanso, por lo que –aseguraron– tampoco daremos vacaciones ni Navidad para el gobierno.

Una vez más, estas familias tomaron un espacio público para hacer escuchar su voz. Ahora fue desde la parroquia de La Anunciación, contigua al Centro Universitario Cultural, cerca de Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Desde ahí alzaron su voz para responder de nueva cuenta al titular del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto. Felipe de la Cruz, padre de uno de los estudiantes desaparecidos, sintetizó el sentir de las 46 familias: Para él es fácil decir que lo superemos, pero este dolor lo vamos a llevar siempre en el corazón. Nuestra lucha no se detendrá hasta que no hallemos con vida a nuestros 42 muchachos y se haga justicia por los otros cuatro.

Lo que en principio fue un homenaje para Julio César Mondragón Fontes –normalista que fue torturado, asesinado y cuyo cuerpo fue hallado con el rostro desollado, imagen que dio la vuelta al mundo– se transformó en un acto de consuelo y solidaridad para los familiares de los estudiantes de Ayotzinapa y de luto por Alexander Mora Venancio, cuyos restos fueron identificados recientemente.

Todo empezó con una ceremonia eucarística oficiada por el presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, el sacerdote Miguel Concha Malo, quien subrayó que los normalistas han dado varias lecciones a todo el pueblo mexicano: conservación de la memoria, exigencia por la verdad, búsqueda de la justicia, demanda de reparación del daño y garantías de no repetición de hechos similares.

Durante la misa, una mujer desplegó una manta roja con un mensaje que aludió al miedo que quisieron causar al desollar al normalista: Julio César, tu rostro tiene hoy la hermosura de la valentía y la gallardía de la dignidad.

Marisa Mendoza y Cuitláhuac Mondragón, viuda y hermano de Julio César, demandaron a la Procuraduría General de la República (PGR) atraer el caso, debido a que hay indicios de que se trató de una ejecución extrajudicial que incluyó tortura. La investigación estatal se realiza con la hipótesis de que se trató de un homicidio calificado.