omo resultado de dos años y siete meses de trabajo, en los que se recabaron cientos de testimonios, la Comisión Nacional de la Verdad de Brasil presentó ayer a la presidenta de ese país, Dilma Rousseff, un informe en el que se documentan las numerosas violaciones a los derechos humanos cometidas por la última dictadura militar que padeció ese país (1964-1985), y se demuestra que esas vejaciones respondieron a un esquema represivo estructural del Estado y no fueron casos aislados, como ha sostenido durante décadas el aparato militar y mediático de la nación amazónica.

El informe fue recibido con lágrimas por la presidenta Rousseff, quien sufrió en carne propia secuestros y torturas por motivos políticos durante su juventud. En el documento se contabilizan 434 víctimas mortales o desaparecidos y se mencionan los nombres y apellidos de 377 responsables, entre ex dictadores, policías, médicos y militares, de los cuales 191 aún viven.

Debe recordarse que durante los meses en los que la Comisión de la Verdad llevó a cabo las investigaciones, éstas sufrieron un acoso constante de la élite militar y un bombardeo sistemático de los medios hegemónicos de Brasil, mayoritariamente conservadores. La propia comisión se granjeó críticas de sectores de izquierda por la discreción –excesiva, según algunos sectores– con que se condujo durante los meses que destinó a recabar los testimonios, en los que fue renuente a adelantar detalles de los resultados.

Ahora, con la presentación del documento final, Brasil comienza a saldar una deuda que tenía con su población y su propia historia. Debe recordarse que apenas en 2010 el Tribunal Supremo Federal de la nación sudamericana avaló la Ley de Amnistía con la que los militares buscaron asegurar su impunidad tras el fin de la dictadura. En contraste con esa decisión polémica e impresentable de la justicia brasileña, hoy el gobierno de Rousseff se suma a los esfuerzos de naciones sudamericanas como Argentina por esclarecer los episodios más oscuros y desgarradores de sus pasados represivos.

Ciertamente, el documento presentado ayer no debiera ser visto como culminación, sino como primer paso al que deberán seguir otros. Es necesario en primer término que el conteo de víctimas realizado en el informe que se presentó ayer se complemente con información referente a campesinos e indígenas que, sin pertenecer a organización de resistencia alguna, fueron asesinados y desaparecidos durante la dictadura. Pero lo más importante para que la investigación mencionada cristalice en una perspectiva de justicia es que la sociedad brasileña demande a sus representantes y autoridades la abrogación de la vergonzosa Ley de Amnistía que prevalece en ese país, y que hoy hace imposible la recomendación final formulada por la Comisión de la Verdad: someter a proceso a los señalados como responsables de crímenes durante la dictadura.

Es necesario que ese país, que en años recientes ha dado muestras admirables de voluntad transformadora y compromiso con la justicia social, muestre ahora disposición a asumir la responsabilidad histórica que tiene con las víctimas de la última dictadura y reparar el daño. Si esto es así, Brasil se colocará como referente regional y mundial en materia de justicia, y será un ejemplo, junto con Argentina, para naciones cuyos excesos represivos del pasado no han sido plenamente esclarecidos ni sancionados, empezando por México.