Río de Janeiro.

Luego de trabajar dos años y siete meses, oír mil 116 testimonios, visitar centros de detención y tortura, y finalmente redactar 4 mil 328 páginas, la Comisión Nacional de la Verdad entregó su informe final a la presidenta Dilma Rousseff, ella misma víctima de cárcel y tortura durante la dictadura cívico-militar que se impuso a Brasil entre 1964 y 1985.

En el informe, la comisión denunció a 377 personas, en su mayoría militares y policías, como responsables por violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, entre ellas los cinco generales dictadores.

El informe suscitó elogios del secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y la ira previsible y desaforada de los militares brasileños. Para ellos, la denuncia es parcial y facciosa. Además, reiteran que nunca hubo un sistema establecido y que lo que ocurrió fueron actos aislados de ‘exageración en el combate al terrorismo’. El informe comprueba que fue al revés: la tortura y la violación a los derechos humanos obedecieron a la decisión de imponer el terrorismo de Estado. La doctrina de seguridad nacional orientada por Washington.

En la lista de denunciados hay 88 generales de las tres fuerzas armadas. Pocos siguen vivos. Uno de ellos, el general del Ejército Nilton Cerqueira, hizo un pronunciamiento que bien refleja el sentimiento de sus pares: ¿Yo, que cumplí la ley, soy el que violó derechos humanos? ¿Y los terroristas? ¿Y la terrorista que hoy preside el país?

El general Cerqueira siempre mereció la admiración de sus compañeros por haber matado al ex capitán del Ejército Carlos Lamarca, quien abandonó el Ejército para comandar una organización guerrillera. Lamarca fue localizado la tarde en que dormía bajo un árbol escuálido en una región despoblada y árida del interior de Bahía. Estaba desnutrido y enfermo. Su organización había sido diezmada, y él deambulaba sin otra compañía de la de un muchacho de 18 años, último remanente de su grupo. Cerqueira podría haberlo detenido. Prefirió asesinarlo sin darle posibilidad de reaccionar, y se hizo héroe.

Ayer por la tarde, el Club Militar, que reúne a poco más de 16 mil socios, entre militares retirados y en activo, divulgó un comunicado en que clasifica el informe de la Comisión Nacional de la Verdad como una sarta de medias verdades, calumnias y mentiras enteras.

Para el presidente del club, general retirado Gilberto Pimentel, sus autores son nada más que risibles. El malestar entre los militares en activo, incluso los actuales comandantes de las tres fuerzas armadas, es palpable y nadie se esfuerza por disfrazarlo.

A lo largo de todo el tiempo en que la comisión trabajó, los militares dejaron claro que no contribuirían para nada. Sobran ejemplos. Hace poco más de un mes, los integrantes de la comisión obtuvieron indicios concretos de la existencia de al menos dos rollos de microfilmes en dependencias del Ejército y la Marina en Río de Janeiro. Se reunieron con el ministro de Defensa, embajador Celso Amorim, pidiendo tener acceso al material. A raíz de la legislación que la creó, la comisión tenía poder para exigir cualquier documentación por la vía judicial, pero sus integrantes prefirieron negociar.

Amorim se reunió con el brigadier Junini Saito, comandante de la Fuerza Aérea; con el general Enzo Peri, del Ejército, y el almirante Moura Neto, de la Marina. La respuesta, en monótono unísono: la información no tenía ningún sentido.

La reacción de la presidenta Rousseff al recibir el documentoFoto Reuters

Los miembros de la Comisión de la Verdad entregaron detalles exactos de la localización –edificio, piso, sala– de los rollos de microfilmes. En vano.

Hubo, a lo largo de sus trabajos, innumerables ocasiones en que los comandantes de las tres fuerzas armadas se negaron claramente a colaborar. Quizá la más impactante fue cuando la comisión pidió que se investigaran nueve unidades militares en que hubo torturas y asesinatos. El pedido incluía fechas, localización y nombres de las víctimas, y también el testimonio juramentado de sobrevivientes.

La respuesta de Ejército, Fuerza Aérea y Marina fue de una ironía olímpica: dijeron no haber indicio alguno de uso inadecuado a los fines a que se destinaban tales instalaciones. Es decir: torturar y asesinar fueron los fines adecuados de aquellas –y muchísimas otras– instalaciones militares en Brasil.

El informe final de la Comisión Nacional de la Verdad poca información agrega a lo ya sabido. Trabajos anteriores, como el Brasil nunca más, iniciativa del entonces cardenal arzobispo de Sao Paulo, Paulo Evaristo Arns, y de su par de la Iglesia presbiteriana, Jaime Wright, o el informe Derecho a la memoria y a la verdad, publicado por la secretaría nacional de Derechos Humanos durante la gestión de Paulo Vannuchi, un ex preso político, ya habían revelado todo el funcionamiento del terrorismo de Estado, con nombres de torturadores y asesinos, al igual que los métodos de la represión.

Sin embargo, por primera vez los responsables son denunciados bajo el sello de la Presidencia de la República. Y también por primera vez se comprueba formal y oficialmente que la brutalidad fue resultado de un sistema instaurado por órdenes directas de los generales que se apoderaron de la presidencia del país.

Se revelan detalles de los lazos con colaboradores extranjeros más allá de la Operación Cóndor, que reunió los aparatos represivos de todas las dictaduras del cono sur en aquella época, y se confirma que entre 1971 y 1974 un alto funcionario del consulado de Estados Unidos en Sao Paulo visitó nada menos que 47 veces la Operación Bandeirantes, la OBAN, principal centro clandestino de tortura y muerte de la ciudad (Dilma Rousseff pasó por ese lugar).

Se admite que nada menos que 6 mil 591 militares de las tres armas fueron perseguidos (muchos de ellos presos y torturados) por no haberse adherido al golpe de 1964. Se confirma que entre los articuladores del golpe estaba Julio Mesquita Filho, entonces dueño del influyente diario O Estado de Sao Paulo, y que el propietario de otro gran diario, Folha de Sao Paulo, Otavio Frias de Oliveira, no sólo colaboró prestando vehículos de la empresa para el traslado clandestino de secuestrados, sino fue uno de los financieros civiles de la OBAN.

Un detalle del informe de la Comisión Nacional de la Verdad causó furia entre los militares: propone que se inculpe judicialmente a los denunciados, y que se revise la Ley de Amnistía que protege a los que cometieron crímenes de lesa humanidad.

Además de los militares, todos los grandes medios de comunicación también critican la iniciativa.

Todo lo revelado tiene un objetivo claro: hacer que se sepa lo que pasó. La razón es que 80 por ciento de los poco más de 200 millones de brasileños no habían nacido en 1964, cuando se dio el golpe cívico-militar. Y 40 por ciento no habían nacido en 1985, cuando la dictadura terminó.

Quizá conociendo los horrores se evite su repetición.