La Red de Investigadores de Gobiernos Locales de México consideró que la propuesta de Ley contra la Infiltración del Crimen Organizado es arbitraria, porque las fallas se atribuyen a los municipios, cuando hay una crisis institucional profunda, que requiere que esa iniciativa sea ampliada a todos los niveles y órganos de gobierno.

En un posicionamiento sobre el decálogo planteado por el presidente Enrique Peña Nieto, indicó que la propuesta de mando único estatal no refleja un diagnóstico integral que haya cuestionado la estrategia del Estado contra el crimen organizado. Por lo tanto, hacemos un llamado urgente a explicitar el modelo policial presentado, que garantice que no se está construyendo un sistema represivo para los ciudadanos.

Además, consideramos un error y retroceso para la democracia y la descentralización del país darle atribuciones constitucionales al Ejecutivo federal para revocar el mandato de las autoridades municipales. Restablecer el presidencialismo a ultranza no es la solución de los problemas actuales, subrayó.

La red, cuyo propósito es promover el conocimiento de los gobiernos municipales mediante una perspectiva integral y multidisciplinaria, advirtió que el proceso de recentralización que comenzó en el sexenio pasado se ha venido agudizando durante la actual administración.

Y con ello se han venido incrementando las brechas existentes entre los tres órdenes de gobierno del país, debilitando las capacidades institucionales, lo cual ha repercutido negativamente en las estrategias implementadas para atacar los principales problemas sociales de México.

Señaló que la creciente inseguridad pública y la violencia manifestada en diversos acontecimientos, incluidos los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, son el resultado de la crisis de gobernabilidad que sufre el país.