Diversas organizaciones de la sociedad civil le exigieron al Estado mexicano que implemente acciones para que hechos como la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa sean esclarecidos y no queden en la impunidad y lamentaron que el decálogo anunciado por el presidente Enrique Peña Nieto no aborde de manera suficiente los problemas existentes en materia de respeto a las garantías básicas.

En el contexto del Día Internacional de los Derechos Humanos, que se conmemora este 10 de diciembre, los colectivos firmaron una carta en la que también denunciaron que el Ejecutivo haya trasladado la agenda sustantiva al Poder Legislativo, cuando desde la esfera de la administración pública federal hay incontables asuntos pendientes.

Al analizar el decálogo de Peña Nieto en materia de seguridad y derechos humanos, las organizaciones –entre las cuales figuran el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Servicios y Asesoría para la Paz y Asociadas por lo Justo– deploraron que en el punto número 8, donde el mandatario habló del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas No Localizadas, siga habiendo huecos importantes.

En primer lugar, dijeron, el Presidente no anunció un Plan Nacional de Búsqueda en Vida de los desaparecidos, ni medidas para fortalecer las labores periciales ni estrategias suficientes para generar información fiable, pública y transparente, lo que dejaría sin ser funcional el Registro Nacional de Personas Desaparecidas.

De igual manera, no se anunció ninguna iniciativa para robustecer las instancias ministeriales responsables de la investigación, ni la solicitud del Ejecutivo al Senado para reconocer de inmediato la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU para conocer de casos individuales, de acuerdo con lo establecido en la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

En ese mismo sentido, tampoco se anunció ninguna medida para que la discusión de la Ley General sobre Desaparición Fozarada incorpore la participación de las víctimas y de la sociedad civil; no se anunció la inclusión del problema de las desapariciones en los foros que a solicitud del Ejecutivo organizará el Centro de Investigación y Docencia Económicas.