Saltillo, Coah.

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que en el municipio de Allende desaparecieron sólo 28 personas en marzo de 2011, no 300, como originalmente se dio a conocer, y se sabe que 11 fueron asesinadas y quemadas.

La dependencia sostuvo que dos agentes de la policía municipal de Allende, ya detenidos y consignados, habrían participado en el secuestro, en complicidad con Los Zetas.

La PGJE dio a conocer que luego de interrogar a los cuatro detenidos, entrevistarse con familiares de las víctimas y realizar un censo en el municipio –ubicado en el norte del estado–, concluyó que los pistoleros se llevaron a 28 personas a ranchos cercanos, donde las asesinaron e incineraron.

El presidente municipal de Allende, Luis Reynaldo Tapia Valadez, dijo en abril pasado que el número de víctimas fue superior a 300 y que mucha gente había huido.

Sin embargo, el procurador Homero Ramos Gloria señaló este martes en conferencia de prensa: La verdad jurídica a la que hemos llegado está basada en testimonios, pruebas periciales y confesiones, y apunta lamentablemente al secuestro de 28 personas; de 11 tenemos la certeza de que fueron privadas de la vida y aún se desconoce el paradero de 17, afirmó. Nueve de los muertos eran varones y dos mujeres, todos mayores de edad.

Explicó que la tarde y la noche del 18 de marzo de 2011 las víctimas fueron sacadas de sus domicilios por un grupo armado que buscaba a una persona que realizaba operaciones financieras para Los Zetas, con quien habrían tenido un desacuerdo.

También en abril, el alcalde de Allende dijo que los sicarios buscaban a Luis Garza y Héctor Moreno, quienes vivían en Allende y habrían huido a Estados Unidos. Según el procurador, al no localizar a sus víctimas, los delincuentes secuestraron a familiares cercanos de estas personas, a empleados y a otras personas que tenían alguna relación con aquellos a quienes buscaban. El grupo armado, añadió, dañó 48 viviendas.

El Ministerio Público solicitó a varios jueces un número no determinado de órdenes de aprehensión, pero en tres años sólo logró detener a cuatro personas: los ex policías municipales María Guadalupe Ávalos Orozco y Jesús Alejandro Bernal Guerrero, así como a Fernando Ríos Bustos y Germán Zaragoza Sánchez, a quienes identificó como integrantes de Los Zetas.

Además de los 11 asesinados y los 17 no localizados, se sabe que 15 personas huyeron a Estados Unidos.

Homero Ramos dijo que entre enero y febrero pasados se localizaron en el norte del estado 3 mil 450 restos óseos. La Unidad Científica de la Policía Federal ha dictaminado que no es posible determinar el origen ni obtener ADN de 2 mil 977 por estar calcinados. Aún se analizan 473 muestras.

El subprocurador para la búsqueda de personas, Juan José Yáñez Arreola, dijo que a los policías y civiles detenidos por este caso se les acusa de secuestro calificado, pero no descartó que también se les impute homicidio.

Ramos Gloria dijo que tres personas que se encuentran en Estados Unidos “poseen información fundamental sobre los hechos, por lo cual se solicitó colaboración a la Procuraduría General de la República para extraditarlas, proceso que sigue en trámite. Los tres tienen órdenes de aprehensión pendientes por secuestro calificado.