El Senado interpondrá una controversia constitucional contra las medidas que tomó el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) en materia de portabilidad –que es el derecho de los usuarios a conservar el mismo número telefónico en caso de cambiar de compañía–, ya que en la ley en la materia se estipuló que ésta se tramitaría en sólo 24 horas y sería gratuita, pero el instituto determinó que en un plazo de 90 días se podría solicitar el cambo.

El Senado consideró que el Ifetel invadió facultades del Congreso al ampliar el término para el cumplimiento de esa disposición. En el acuerdo aprobado por el pleno de esa Cámara se destaca que en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión el Congreso de la Unión estableció que, para ejercer la portabilidad, el usuario sólo debe manifestar su voluntad y presentar una identificación; y ésta se tramitaría en sólo 24 horas y de manera gratuita.

Sin embargo, el pasado 6 de noviembre, el Ifetel aprobó un acuerdo en el que “se impusieron cargas adicionales: la portabilidad entrará en vigor dentro de 90 días naturales, el usuario debe solicitar un NIP para hacer su solicitud y ésta, en varios casos, tardará en ser procesada más de 24 horas. Todo lo anterior constituye una triple falta: primero, el organismo violó la letra y el espíritu de la Ley Federal de Telecomunicaciones; segundo, violentó también el mandato que le dio el legislador de hacer efectiva la disposición sobre portabilidad en 24 horas y, tercero, su actuación es absolutamente contraria al objetivo de esa norma, que es beneficiar al consumidor.

El acuerdo que aprobó el pleno senatorial mandata al presidente de la Cámara de Senadores, el perredista Miguel Barbosa, para que interponga controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del acuerdo mediante el cual el pleno del Ifetel emite las reglas de portabilidad numérica y modifica el plan técnico fundamental de señalización del 12 de noviembre de 2014.