Los dos años del gobierno de Enrique Peña Nieto profundizaron las desigualdades en el campo, pues las importaciones de alimentos avasallaron los esfuerzos de los campesinos por aumentar su productividad; el presupuesto sigue favoreciendo a los agroindustriales y el gobierno quebrantó el diálogo para la reforma del campo, apuntaron los bloques de las diversas agrupaciones campesinas.

El presidente Enrique Peña Nieto y su gabinete tienen las propuestas para revertir la situación de miseria, desempleo y estancamiento productivo, pero le falta voluntad política para dejar de destinar 70 por ciento del presupuesto a los agroindustriales; abatir la inseguridad alimentaria en que viven 27.3 millones de mexicanos y respaldar la producción de alimentos para disminuir las importaciones, que equivalen a 54 por ciento del consumo interno, consideraron Frente Auténtico del Campo y Convención Nacional Campesina e Indígena, que en conjunto aglutinan casi un centenar de agrupaciones.

El gobierno no atendió la propuesta campesina de promover la productividad y el ingreso de los agricultores con un programa de compras públicas para apuntalar la Cruzada Nacional contra el Hambre –instrumento de la actual administración para abatir la subalimentación– y dejó la estrategia en manos de las grandes corporaciones, como Nestlé y Pepsico.

Sobre la Financiera Nacional para el Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, consideraron que los cambios son insustanciales, pues los préstamos siguen orientándose a los agricultores exitosos y los créditos entregan por intermediarios bancarios y no bancarios. Las autoridades menospreciaron la propuesta campesina de unificación de Fideicomisos Integrados en Relación con la Agricultura, Fideicomiso de Riesgo Compartido y Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural con la financiera para que el sector tuviera una verdadera palanca de desarrollo y estableciera la tasa cero en el financiamiento para la producción de alimentos.

El coordinador del Congreso Agrario Permanente, Luis Gómez Garay, consideró que al gobierno le ha faltado valentía para romper con los intereses de las empresas trasnacionales, comercializadoras y los monopolios, que han agudizado la crisis productiva al pagar precios que ni siquiera alcanzan para cubrir los costos de producción.

La administración peñista, con su concepto hipócrita de combate a la pobreza, sólo enmascara el alejamiento del Estado en la redistribución del ingreso nacional y de su responsabilidad de garante en el desarrollo armónico de la población. Además, con la reforma energética y las leyes secundarias en las que se aprobó la ocupación temporal de ejidos, comunidades y de la pequeña propiedad por las empresas, “abrió las puertas a coyotes, acaparadores y traficantes de tierra. Se trata de un saqueo de la tierra y de sus recursos a cambio de rentas o pagos insignificantes”.

Respecto de la caída de los precios de los granos, insistieron en que ello debe atenderse con la revisión del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pues no se puede seguir apostando a las importaciones ni continuar desmantelando al campo sujetando los precios de los granos básicos a los precios internacionales, pues los agricultores enfrentan los precios más bajos de las últimas dos décadas, pero los precios de la carne, tortilla, huevo, leche y pan siguen al alza.