Las secretarías del Trabajo y de Relaciones Exteriores iniciaron una campaña para detener el fraude a trabajadores temporales que son víctimas de enganchadores en varios estados del país, afirmó Euclídes del Moral, director general adjunto de Protección a Mexicanos en el Exterior de la cancillería, trabajadores que, de acuerdo con organizaciones sociales, han sido defraudados con al menos 51 millones de pesos en los años recientes.

En México existe mucho fraude, sobre todo de personas que reclutan a nuestra gente en estados y municipios, que las llevan a Estados Unidos con la promesa de que van a tener una situación laboral satisfactoria, pero no es así, dijo Del Moral en entrevista con La Jornada.

En tanto, organizaciones defensoras de los derechos de migrantes han denunciado reiteradamente que en los años recientes han detectado y dado seguimiento jurídico a diversos casos de fraudes ocurridos en más de 15 estados del país a trabajadores migrantes mexicanos, los cuales son engañados por falsos reclutadores, quienes les ofrecen visas H2-A y H2-B para trabajar en Estados Unidos y Canadá en labores agrícolas y en la prestación de servicios.

Fraude de 51 millones

Integrantes de Jornaleros Safe, Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Centro de Derechos del Migrante, Global Workers Justice Alliance y Misión para Migrantes y Refugiados precisaron que los afectados por estas estafas son poco más de 6 mil 500 y que el monto de los fraudes supera 51 millones de pesos.

De acuerdo con Euclídes del Moral las secretarías del Trabajo y de Relaciones Exteriores “han empezado a trabajar de la mano con organizaciones civiles para detener a estas agencias enganchadoras o timadoras de connacionales. Hubo una modificación a la ley laboral para que se prohibieran ciertas acciones. Ambas dependencias trabajamos para difundir la información apropiada y que nuestros contactos, nuestros ojos en la provincia, nos alerten y sean denunciadas estas prácticas ilegales para tratar de abatir este fraude”, dijo.

Esta estafa, agregó, se comete en distintas partes de la República. No hay un estado en específico con una prevalencia mayor. Se da en los expulsores de mano de obra, como en las entidades del Bajío o Veracruz, entre muchos otros, apuntó.