El principal problema en la región de la Tierra Caliente (municipios de Guerrero, estado de México, Michoacán y Morelos) no es el aumento de delitos, sino la corrupción de funcionarios y policías, en especial de las corporaciones municipales.

En las cuatro entidades mencionadas, seleccionadas por el gobierno del presidente Peña Nieto para canalizar más militares, marinos y policías federales, se registró incluso, durante los primeros 10 meses del año, una leve disminución de la incidencia delictiva.

Por mencionar un caso, Guerrero tiene una reducción de 26.6 por ciento en homicidios dolosos y de 47 puntos en secuestros, 10 por ciento menos en extorsión, y se mantiene casi igual en cuanto a robos. La disminución general en Michoacán es de 17.3.

Sin embargo, en los exámenes de control de confianza aplicados este año se comprobaron nexos de los uniformados con el crimen, así como un aumento inexplicable de sus ingresos y nivel de vida. Ahora deberán sacarlos inmediatamente de sus filas, ordenó la Secretaría de Gobernación.

El nivel de policías municipales reprobados en Tierra Caliente es hasta tres veces mayor que en el resto del país, revelan informes de la dependencia.

A escala nacional, la tasa de ese factor es de 13 por ciento en promedio, mientras el índice de elementos de seguridad municipales no aprobados en Guerrero es de 36 por ciento, 25.3 en Michoacán, 22 en Morelos y 3.5 en el estado de México.

Esas entidades también recibieron este año millonarios recursos para depurar a las corporaciones municipales, luego del repunte de homicidios en 2013. Por ejemplo, Guerrero obtuvo de subsidios federales 114 millones de pesos, mientras Michoacán obtuvo 165.7 millones.

Ante la necesidad de llevar más elementos federales a Tierra Caliente, la entrega de subsidios, por tanto, no sirvió de mucho.

Por municipios, Acapulco recibió 52.5 millones; Chilpancingo, 11.5 millones. Otros municipios guerrerenses (Chilapa, Iguala, Taxco, Tlapa y Zihuatanejo), 10 millones cada uno.

De Michoacán destacan Morelia: 74.3 millones; Uruapan, 11.3, y Apatzingán, 10.

En este último el ex alcalde Uriel Chávez (PRI) fue señalado por los grupos de autodefensa como integrante de Los caballeros templarios, y se dijo que algunos de los levantones en la región fueron a manos de la policía municipal.

En Apatzingán se reportó el mayor aumento del país en homicidios dolosos en 2013 respecto de 2011, al pasar en ese lapso de 34.7 a 57.4 casos por cada 100 mil habitantes.

En la lista de municipios con mayores aumentos en ese periodo y que, por tanto, fueron considerados en las prioridades de subsidios para mejoramiento de equipos y corporaciones de seguridad, así como dentro del plan nacional del delito, siguen Chilpancingo, Guerrero; Oaxaca capital; Ahome, Sinaloa; Tijuana, Baja California; Boca del Río, Veracruz; Morelia, Michoacán, y Juitepec, Morelos.

Cabe mencionar también los casos de Sinaloa y Veracruz, con índices de no aprobación de sus cuerpos municipales de 64 y 77 por ciento, respectivamente. Igualmente, Baja California Sur, con 68 por ciento; San Luis Potosí, 37, e Hidalgo, 30.