San Salvador Atenco, Méx.

Integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) y pobladores de San Salvador Atenco, que estuvieron presos luego que fuerzas federales y estatales tomaron la localidad los días 3 y 4 de mayo de 2006, fueron citados a comparecer en tribunales del estado de México para que testifiquen contra ocho policías estatales y 11 médicos legistas que participaron en dichos operativos y están presos desde octubre pasado, acusados de tortura y encubrimiento, respectivamente.

Miembros del FPDT consideraron que si bien los policías y médicos legistas detenidos deben ser juzgados, su objetivo es que sean castigados los autores intelectuales que ordenaron la represión de mayo de 2006, entre ellos el entonces gobernador mexiquense y actual presidente de la República, Enrique Peña Nieto; el ex presidente Vicente Fox y el ex comisionado de la entonces Agencia de Seguridad Estatal, Wilfrido Robledo. También exigen que se sancione al ex secretario general de Gobierno del estado de México, Humberto Benítez Treviño.

Desde luego que tienen que ser juzgados esos policías y agentes del Ministerio Público y llevar un proceso, pero no aceptamos esa parte, pues no es sólo el castigo a los policías, sino que a los responsables intelectuales se les debe juzgar también. Es claro que a los policías les ordenaron sus superiores la represión, y nos interesa que los mandos medios y altos sean castigados, dijo Ignacio del Valle Medina, dirigente del FPDT.

El pasado 22 de octubre, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México informó que un juzgado penal de Toluca con sede en el centro preventivo de Santiaguito decretó formal prisión por tortura, derivado de la causa penal 55/20013, a ocho policías estatales, entre ellos Noé Hernández Bautista, Jorge Hernández Mejía, José Antonio Olvera Lozada, Julio César Velasco Elizalde, Mario Barriga Avilés y Olivia Méndez Martínez, quienes torturaron a los detenidos el 3 y 4 de mayo de 2006 en Atenco.

El mismo juez, en la causa penal 166/2014, dictó formal prisión a los médicos legistas Noé Domínguez Moreno, Olimpia Gómez Sandoval, Blas Reyes Sánchez, Gabriel Olmos Arroyo, María del Carmen Iglesias Aguilar, Fidel Robledo López, Rosa Cecilia Ramón Juárez, Óscar Benito Martínez Martínez, José Armando Solache Ramírez, Patricia Eugenia Martínez Torrijos y Bernabé Pérez Soto, así como al agente del Ministerio Público Agustín Hinojosa Martínez, por encubrimiento, pues omitieron reportar las lesiones causadas por los policías.

Durante la toma y represión de mayo de 2006 fueron detenidos más de 200 pobladores e integrantes del FPDT, y se perpetraron abusos sexuales contra las mujeres arrestadas; además, el estudiante Alexis Benhumea murió al recibir en la cabeza un proyectil de gas lacrimógeno lanzado por un policía.