Los diputados locales del PRD Eduardo Santillán y Agustín Zepeda dieron a conocer un documento de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), con fecha 25 de noviembre, por medio del cual solicitó a Ricardo Ríos Garza, subsecretario de Coordinación Metropolitana y Enlace Gubernamental de la Secretaría de Gobierno, y a Juan Carlos Sabais Herrera, director ejecutivo jurídico de la Secretaría de Obras y Servicios, ambos del Distrito Federal, implementar medidas precautorias en torno a la ejecución de las obras del tren México-Toluca.

En conferencia de prensa en la sala de prensa de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Santillán explicó que las medidas solicitadas por el ombudsman capitalino responden a la queja que interpusieron junto con los vecinos de la avenida Vasco de Quiroga y Camino Real de Toluca, en Santa Fe, por considerar que el proyecto viola los derechos humanos de participación, al no establecer mecanismos de aclaración hacia los ciudadanos que se verían afectados por la obra.

Según el documento difundido por los legisladores, con sello de recibido el pasado 26 de noviembre en la oficialía de partes del Gobierno del Distrito Federal, la CDHDF emite cuatro medidas precautorias. La primera: que se valore la pertinencia de aplazar la ejecución de la obra   en tanto se obtenga el consenso de los habitantes del pueblo y colonias donde se implementará la misma, analizando los impactos sociales y económicos que les causará.

La segunda establece que desde el ámbito de sus respectivas competencias se realicen las acciones pertinentes para que de forma eficaz e inmediata se reanuden las mesas de trabajo informativas con los habitantes de Santa Fe.

La tercera medida señala que en las mesas de diálogo o negociación que se programen sean escuchadas, atendidas y consideradas las propuestas que externen los vecinos y que en su caso se les explique clara, detalladamente y con términos sencillos la viabilidad o no de sus pretensiones.

De la misma forma, se les brinde información veraz que les genere certeza jurídica mediante la notificación que se les realice sobre las causas, motivos o razones de interés público que se consideraron para la ejecución de los proyectos de construcción en la zona de Santa Fe”.

En el documento, la comisión fija un plazo de 48 horas, contadas a partir de la recepción del documento, para que responda sobre las medidas que para tales efectos se adopten.