El PRI en el Senado insistirá para que en los ocho días que restan al actual periodo de sesiones se apruebe la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia enviada por el presidente Enrique Peña Nieto.

El coordinador priísta Emilio Gamboa Patrón comenzó a cabildear con PAN y PRD para que se dictamine la reforma y se apruebe antes del día 15, aun con cambios de fondo. Sin embargo, perredistas y panistas no están de acuerdo.

Los senadores Alejandro Encinas, del PRD, y Javier Corral Jurado, del PAN, advirtieron que tanto esa iniciativa del Ejecutivo federal, que implica modificar siete artículos constitucionales, como la otra reforma conocida como ley antimarchas, que se aprobó en la Cámara de Diputados, y la minuta de la nueva legislación en materia de casinos, deben quedar pendientes para el próximo periodo ordinario del primero de febrero.

De esa forma, el poco más de mes y medio de receso podrá servir para analizar de manera cuidadosa esos tres temas, incluso con foros de discusión a los que asistan los sectores involucrados, para modificar y enriquecer las leyes, señaló Corral.

Iniciativa sin novedades

En entrevista aparte, el perredista Encinas sostuvo que Peña Nieto no formuló soluciones ni propuestas nuevas para enfrentar la penetración del crimen organizado en los cuerpos de seguridad de todos los niveles, y en su decálogo se incluyen cambios jurídicos que se rechazaron en el sexenio de Felipe Calderón.

La reforma a siete artículos de la Carta Magna, con el fin de crear otro sistema policial y legalizar la posibilidad de que la Federación asuma total o parcialmente las de los ayuntamientos, son evidentes cambios anticonstitucionales que violan la autonomía municipal, destacó Encinas.

Insistió en que en esos términos no puede pasar esa iniciativa y tampoco la llamada ley antimarchas. Encinas añadió que los cambios a los artículos 11 y 73 comstitucionales –aprobados en San Lázaro– que supuestamente harán que el Estado garantice el derecho de toda persona a la movilidad, en realidad pueden ser utilizados como coartada para limitar el derecho a la libre manifestación.

El senador Corral consideró que debe verse con cuidado esa minuta, ya que el Congreso no podría avalar un ataque a la libertad de expresión y de manifestación. No es un asunto menor que pudiera ser votado con prisas o al vapor, so pena de acrecentar aún más el malestar social.