El procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, informó a la comisión de diputados federales que coadyuvan en la investigación de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos el pasado 26 de septiembre, quien fue gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, ya declaró ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido).

En un encuentro celebrado el pasado miércoles 26 de noviembre el titular del Ministerio Público Federal insistió en la hipótesis de la incineración a más de mil 400 grados centígrados de los cuerpos de personas en el basurero municipal de Cocula, Guerrero.

También aseguró a los legisladores que no hubo solicitud de ayuda de los normalistas a la zona militar de Iguala, que las únicas personas que acudieron a esas instalaciones a solicitar respaldo fueron los integrantes del equipo del futbol Avispones de Guerrero, cuyo vehículo fue agredido por narcotraficantes y policías municipales al servicio de éstos.

Murillo Karam reiteró las tesis que anunció previamente sobre los hechos ocurridos en Iguala desde la óptica gubernamental. Incluso al preguntarle el por qué no se detuvo a tiempo a José Luis Abarca, presidente municipal de Iguala cuando ocurrieron los hechos, lo que le permitió evadir la justicia, respondió que el Ministerio Público Federal aún no había atraído la investigación y que entonces no se había acreditado nada.

Paralelamente a las declaraciones de Murillo Karam ante los diputados federales, este diario corroboró que Ángel Heladio Aguirre, a quien ya se le hace huido en San Diego, California, continúa viviendo en su casa del barrio de Tepepan, en el sur de la ciudad de México, y despacha en sus oficinas particulares ubicadas en avenida Picacho, número 220, interior 102.

En ese sitio Ángel Heladio Aguirre Rivero ha citado a gran cantidad de columnistas y reporteros a quienes filtra información con objeto de desacreditar la actuación del gobierno federal. En distintos espacios escritos y electrónicos se han repetido las filtraciones de Aguirre por la buena relación –traducida en favores– que éste mantuvo con distintos integrantes del periodismo.

Diez días atrás, Jesús Murillo volvió a reunirse con los diputados que integran la comisión investigadora de los sucesos que provocaron la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa. Los legisladores también se habían reunido la víspera con el general secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos.

En el encuentro con Murillo los diputados abrieron el tema sobre los cuerpos calcinados. Algunos recordaron que no fue posible mantener una temperatura de mil 400 grados en el basurero de Cocula, porque en la región se registraban lluvias, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.

El procurador reiteró su versión inicial al asumir que el meteorológico había informado que se trataba de lluvias intermitentes. Y si bien pudo haber llovido en Iguala, Cocula se encuentra a 30 kilómetros de distancia. Y por tal razón la te­sis de la lluvia que mitigó la ho­guera humana no se cumple. Con fotografías del basurero donde se hallaron los cuerpos calcinados, el hidalguense trató de convencer a los diputados de que sí se mantuvo la llama a mil 400 grados centígrados, y mostró que ésta fue alimentada con llantas, plástico, madera y otros materiales.

Entonces se le preguntó si la PGR ya había citado a declarar a los militares responsables de las instalaciones que se encuentran desplegadas en Iguala, y respondió que no, que no tenía por qué citarlos a declarar porque no era su atribución.

Casi al concluir la reunión –en la que se encontraban Lizbeth Rosas (PRD), Ricardo Mejía Berdeja (MC), Manuel Añorve (PRI), Jesús Murillo Karam yotros funcionarios de la Procuraduría General de la República– se preguntó al procurador quién de los altos funcionarios del gobierno de Guerrero había declarado ante el Ministerio Público. Respondió lacónico que el ex procurador Iñaki Blanco; Leonardo Vázquez Pérez, ex secretario de Seguridad Pública, además de Aguirre Rivero.