Un conjunto habitacional con alrededor de 3 mil 500 viviendas se pretende edificar en la barranca de Tarango, declarada como Área de Valor Ambiental (AVA) en 2009, previo a la construcción de la Supervía poniente por el Gobierno del Distrito Federal (GDF), denunció ayer la Asociación de Vecinos de las Águilas Unidos, de la delegación Álvaro Obregón.

Arnoldo Martínez, representante de la organización vecinal, explicó que 60 por ciento de la superficie de esta barranca (2 millones 671 mil 983 metros cuadrados) quedó desprotegida desde 2012, cuando el gobierno capitalino se vio obligado a derogar este decreto en varios predios, luego de que sus propietarios ganaron juicios de amparo.

Detalló que a pesar de que el Área de Valor Ambiental contenía todos los requerimientos que ambientalistas y vecinos habían solicitado para proteger este pulmón verde, sólo quedó en el papel, porque la mayor parte de su superficie está en manos de particulares y en el resto no se ha hecho ningún trabajo de restauración y conservación, como lo establece el programa de manejo.

“Lo más triste y lamentable es que dentro de 40 por ciento que quedó protegida por la declaratoria ahora se pretende levantar un desarrollo inmobiliario, que no sólo significaría un ecocidio, sino que la infraestructura urbana no soportaría ese número de viviendas en la zona.

El flujo vehicular en la avenida 5 de Mayo, por ejemplo, a muchas horas del día, pero sobre todo en las mañana es muy intenso, y ahora sumamos más vehículos sería un colapso, advirtió Arnoldo Martínez.

Refirió que desde hace unas semanas, en el sitio donde se encuentra la trituradora de cascajo de la delegación Álvaro Obregón se comenzaron a realizar trabajos de remoción de capa vegetal, relleno y nivelación del terreno.

A la par, abundó, un grupo promotor de vivienda, que no ha sido identificado, comenzó a difundir el conjunto habitacional y a afiliar a personas.

Ante ello, el pasado 24 de noviembre, los vecinos realizaron una movilización para exigir respeto a las áreas verdes, lo que motivó la intervención de las autoridades delegacionales, que colocaron sellos de suspensión de actividades.

Después, agregó el representante vecinal, en una reunión con las autoridades se nos informó que efectivamente está dentro del polígono protegido y que no pueden llevarse a cabo labores constructivas.

Nos preocupa que todo el compromiso de la autoridad se limite a suspender los trabajos, y que al rato quienes se disputan el predio, porque hay un litigio de propiedad, soliciten la modificación del uso de suelo o finalmente hagan la construcción por debajo del agua y después busquen la regularización, apuntó.

Consideró que la solución para que pudiera materializarse el decreto del AVA el gobierno capitalino debe expropiar los terrenos, pero no se ha considerado ni siquiera el avalúo. Si a los propietarios no se les indemnizan tarde o temprano van a iniciar juicios, advirtió.