• Garantizar que no habrá represalias contra los integrantes del movimiento, así como la creación de la defensoría de los derechos individuales y colectivos, que será autónoma, para velar por la seguridad de los involucrados en la organización estudiantil y comunitaria.

• La no incorporación de las unidades de nivel medio superior del IPN al Sistema Nacional de Bachillerato y a la Reforma Integral de la Educación Media Superior en lo presente y en lo posterior.

• Reconocer el carácter resolutivo y refundacional del Congreso Nacional Politécnico.

• Que el titular del Ejecutivo federal garantice jurídicamente por escrito que no existen en el presente ni en lo posterior injerencias del Tecnológico Nacional de México en escuelas, centros de investigación y unidades académicas del IPN, que vaya contra los principios fundacionales de la institución.

• Que la función de vigilancia recaiga en un órgano interno dependiente del sector administrativo del IPN y se retire de las funciones de seguridad a la Policía Bancaria Industrial. Las labores de esta nueva instancia no deben perjudicar el ejercicio pleno de los derechos humanos, la libre expresión de las ideas, la asociación y manifestación consagrados en la Constitución, normativa interna de la casa de estudios y en tratados internacionales.

• La cancelación de las remuneraciones a los ex directores generales del IPN y que el monto de éstas se destine a las necesidades que la comunidad politécnica estime convenientes.

• El compromiso del gobierno federal a presentar una investigación, denuncia pública y seguimiento, respecto de los actores intelectuales y materiales de los grupos y organizaciones que violenten y atenten contra la integridad de la comunidad politécnica, así como la imagen e infraestructura de la institución.

• Que el titular del Ejecutivo federal incluya en la Iniciativa de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015, un incremento en el presupuesto para educación pública, ciencia, tecnología e innovación, en relación con el ejercicio fiscal 2014.