n su segundo informe de labores 2013 -2014 enviado a los legisladores el pasado 2 de septiembre, la Secretaría de Gobernación da a conocer que se prepara la Ley del Sistema Nacional de Inteligencia (SNI) y la creación de un Centro Nacional de Fusión de Inteligencia, en donde se integrarán las inteligencias especializadas de la Administración Pública Federal, incluida la generada por la Procuraduría General de la República, la Policía Federal, las Fuerzas Armadas y el órgano de inteligencia civil del Estado mexicano ( http://bit.ly/1ydgtRP ).
Lo anterior está en el Programa para la Seguridad Nacional 2014-2018, y la estructuración de este anteproyecto es para institucionalizar el componente central del Sistema de Seguridad Nacional (SSN). Entre las actividades que desarrollará se encuentran: generar inteligencia para la seguridad y la defensa del Estado, sumar a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para hacer frente a los retos que puedan afectar la seguridad de la nación y promover el uso de medios tecnológicos avanzados para la generación de productos de inteligencia ( http://bit.ly/1iDi3BK ).
En el documento se anuncia la creación del SNI, con el argumento de la necesidad de contar con un diagnóstico integral, transparente y participativo, que considere las vulnerabilidades, los riesgos y las amenazas que pueden comprometer el desarrollo del país. La creación de este organismo podría ser la acción más importante y trascendente de la actual administración en materia de seguridad nacional y para la gobernabilidad democrática, porque para una correcta toma de decisiones se debe contar con información cierta, precisa y oportuna.
Con esta herramienta es probable que se pueda obtener información con las características mencionadas en materia de crimen organizado; así, el Estado podría estar en condiciones de implementar los operativos precisos para desarticular a grupos delictivos. La política de Seguridad Nacional del país debe contar con la capacidad de prevenir, disuadir y contener conflictos y contingencias para solucionarlas en el menor tiempo posible, así como minimizar los daños y costos.
En el programa se definen como riesgos y amenazas
a la seguridad nacional cinco factores: desastres naturales y pandemias; delincuencia organizada trasnacional; ciberseguridad; fronteras, mares y flujos migratorios irregulares, así como terrorismo y armas de destrucción masiva.
En este último tema el gobierno mexicano explica que si bien hasta ahora el país no ha sido blanco de ataques terroristas, su posición geográfica podría resultar de interés para aquellos actores que busquen realizar atentados contra Estados Unidos o intereses suyos en nuestro territorio.
Asimismo, se debe destacar la amenaza de la epidemia del ébola, pues aunque es reducido, el riesgo de que ingrese al país, continúa latente, tanto en la frontera norte como en la del sur, pues ya se han detectado infectados en Estados Unidos y en otros países de América Latina. Nuestro vecino del norte, por conducto de John F. Kelly, jefe del Comando Sur, advirtió que la pandemia amenaza con ingresar por la frontera sur (de México hacia Estados Unidos) a través de una inmigración masiva ayudada por las redes de traficantes de personas que introducirían ilegalmente a los enfermos ( http://1.usa.gov/1v7dPOx ).
Derivado de las reformas estructurales que se han promulgado durante los primeros dos años del presidente Enrique Peña Nieto, el país experimentará en los próximos meses una gran apertura hacia el exterior, por la llegada de las empresas interesadas en los energéticos. A esto debemos sumar la intención de México de participar en las misiones de la paz de la ONU, lo cual puede interpretarse por alguno de los actores en un conflicto bélico como posición parcial del Estado mexicano.
Es altamente probable que México se enfrente a retos sin precedente en los próximos meses. Los posibles riesgos y amenazas que desafiaremos junto con las vulnerabilidades que padecemos y conflictos internos como los de Tlatlaya e Iguala, así como la inconformidad social que va en acenso exigen de una política en seguridad nacional integrada y coordinada.
Han surgido algunas críticas al SNI. Por ejemplo, legisladores de la oposición alertaron sobre el riesgo de regresión autoritaria
que representará la concentración de todas las funciones y decisiones de inteligencia en un solo organismo a cargo de la Secretaría de Gobernación, como perfila el anteproyecto de ley que estructura esa dependencia ( http://bit.ly/1vBO9Za ).
Si bien es común que se hagan críticas cuando sean necesarias, también se deben reconocer los aciertos y las buenas propuestas, en aras de resolver un problema de fondo. Esperemos que este proyecto se pueda concretar, ya que dará certeza y seguridad no solamente al gobierno, sino a la sociedad en su conjunto, porque se podrán dirigir las acciones contra los verdaderos criminales y amenazar, y así se podrán reducir los márgenes de error que ha llevado a que muchas personas hayan sido detenidas, procesadas y sentenciadas sin causa justificada. Es necesario conocer la verdad e imperativo hacerla del conocimiento de quien toma decisiones para actuar en consecuencia, de manera debida.
*Analista en temas de seguridad, educación y justicia
Twitter: @simonvargasa
