l 26 y 27 de septiembre el crimen de Iguala rompió el dique y empezaron a correr las aguas de la indignación popular; un torrente ciudadano que una y otra vez llena calles y plazas de la capital y de los estados. El gobierno está en medio de la turbulencia y no halla para dónde hacerse. El barco de Enrique Peña Nieto se hunde. Vivimos una crisis de gobernabilidad que pone a México ante una inédita encrucijada.

1. Muchos son los agravios que padecemos: nos exprimen como asalariados, nos bolsean como agricultores; como pobladores nos arrebatan territorios y patrimonios, malbaratan los recursos naturales que son de todos, nos pendejean como ciudadanos comprando las elecciones, hacen perdidizos nuestro derecho a trabajar, a comer, a estudiar, a curarnos, a habitar, a crear y disfrutar del arte, a tener o no tener hijos, a coger sin temor con quien nos plazca…

Y nos defendemos. Nos defendemos como obreros, como campesinos, como colonos, como pueblos, como mujeres, como estudiantes, como sexualmente diversos, como ciudadanos, como consumidores…

Pero hay un agravio que, cruzando todos los demás, es también específico. Un agravio dirigido contra nuestras mentes, nuestros corazones y nuestros cuerpos: nos han hecho víctimas, víctimas de la violencia y con frecuencia víctimas mortales.

Somos víctimas del narcotráfico y de la guerra contra el narcotráfico; víctimas de los cárteles, de la policía y del Ejército; víctimas de las ejecuciones extrajudiciales; víctimas del secuestro y de la desaparición forzada; víctimas de la tortura; víctimas de la fuerza pública, que lejos de protegernos, nos agrede; víctimas del acoso judicial; víctimas de la cárcel injusta; víctimas de la amenaza; víctimas del miedo a ser la próxima víctima…

Y también nos revelamos contra este agravio específico. Nos alzamos precisamente en nuestra condición de víctimas de la violencia. Pero si hay víctimas es que hay culpables, de modo que nos alzamos contra nuestros victimarios.

Porque toca fibras muy sensibles, el de las víctimas es un movimiento expansivo y potente. Recordemos la rapidez con la que en 2012 se extendió el que encabezó Javier Sicilia. Y como los ríos serranos tras la lluvia ha corrido el movimiento por la aparición con vida de los 43 de Ayotzinapa. Pero el horrendo crimen es emblemático de los que a diario ocurren en todo el país y buscando castigar a quienes lo cometieron se busca igualmente limpiar de criminales las instituciones públicas. Limpiarlas desde arriba hasta abajo. Sobre todo arriba, mero arriba.

La lucha es contra con un orden que no sólo despoja, explota y oprime, también secuestra, tortura y mata a los jóvenes. Un movimiento que nos incumbe a todos, porque todos somos víctimas, pero que es mayormente un movimiento de jóvenes y por los jóvenes.

Nadie debería morir entre los 15 y los 25, pero aquí muchos mueren por violencia en ese rango de edad. Jóvenes son los muertos y los secuestrados de Ayotzinapa; jóvenes casi todos los de las narcofosas de Iguala; jóvenes los ejecutados por el Ejército en Tlatlaya; jóvenes la mayoría de los más de 100 mil muertos y 20 mil desaparecidos que ha dejado la masacre iniciada por Felipe Calderón y continuada por Peña; jóvenes los narcos que se torturan, balacean y despedazan luchando por los territorios; jóvenes los soldados, jóvenes los sicarios, jóvenes las víctimas accidentales… En México se mata a los jóvenes y los jóvenes se matan los unos a los otros. Toda muerte duele, pero la muerte de un joven duele más porque es la muerte de una vida por vivir. ¿Cuántos años no vividos acumula el juvenicidio nacional?

Sin embargo, desde hace dos meses las víctimas se alzan, las víctimas se rebelan… Y si los agraviados se ponen en marcha, que tiemblen los victimarios y sus cómplices, que tiemble el sistema que nos victimiza…

2. El regreso de un dinosaurio que en realidad no se había ido –sólo salió a mear– dejó un amargo saldo de atonía ciudadana, de pasmo social, de duelo. #Yosoy132 se desfondaba, los movimientos contra las diversas reformas estructurales se quedaban cortos, el PRD pactaba vergonzosamente mientras Morena no lograba combinar la movilización social con la movilización por el registro como partido. Entre tanto, los ciudadanos del común se iban dando cuenta de que el frenético activismo de la nueva administración sólo era exitoso en sus iniciativas entreguistas, mientras las promesas de campaña se diluían. Pero la creciente desaprobación que evidenciaban las encuestas no se expresaba en acciones de protesta.

Hacía falta un sacudón de las conciencias y éste fue el crimen de Iguala. La indoblegable y bien conducida protesta de los padres y compañeros de los normalistas puso fin al letargo, abriendo paso a una infinidad de agravios antes soterrados que ahora se hacían visibles. Las torpezas de Peña hicieron el resto. Primero la pretensión de desmarcarse y responsabilizar sólo a los gobiernos municipal y estatal; luego el intento de echarle toda la culpa al narco; más tarde el show con que el procurador trató de darle carpetazo al asunto dando por muertos y calcinados a los normalistas, y por último el anuncio de nuevas promesas resumidas en 10 puntos. A lo que se añadieron tropiezos, frivolidades y desfiguros como el balconeo de la casa presidencial de Las Lomas, con la que presumiblemente un contratista pagó contratos otorgados, incluyendo un tren bala que por el desaseo del concurso de plano se cayó incomodando a mil 300 millones de chinos –es un decir– y aguándole a Peña Nieto su inoportuno viaje a oriente.

Acompañan a las protestas por el crimen otros movimientos que la rebelión de Ayotzinapa potencia y galvaniza. La huelga del Politécnico en contra de un reglamento policiaco y de la reforma neoliberal de los planes de estudio avanza hacia un Congreso refundacional. El 6 de diciembre, a 100 años de que Villa y Zapata entran a la capital, pueblos que defienden sus territorios, organizaciones campesinas que reivindican la propiedad social de la tierra, sindicatos democráticos, agrupaciones urbano-populares y convergencias estudiantiles se unieron los de Ayotzinapa en la toma simbólica de la ciudad de México. Y el activismo cunde.

3. A diferencia del movimiento de 2012 impulsado por padres y madres, esta vez la rebelión de las víctimas tiene por protagonistas mayores a los jóvenes, inscribiéndose en la insurgencia juvenil que en el arranque del tercer milenio se expande por todo el mundo.

País de jóvenes, México debiera gozar de un bono demográfico, consistente en que la gran mayoría de nuestra población está en edad productiva. Bono que se dilapida al enviarlos a la migración, la marginalidad, la delincuencia. Vivimos en un país de jóvenes que no educa a sus jóvenes, que no emplea a sus jóvenes, que sataniza a sus jóvenes, que mata a sus jóvenes.

La paradoja es que siendo México un país de jóvenes, los movimientos campesinos, obreros, ciudadanos y, en menor medida, los urbanos y los magisteriales son encabezados y animados mayormente por gente adulta. Por esto fue tan esperanzadora la emergencia del #Yosoy132 en las elecciones de 2012, dos años después la huelga general de los politécnicos y ahora la vertiginosa incorporación de los estudiantes a la lucha encabezada por los normalistas y los padres de los desaparecidos.

Los jóvenes están siendo protagónicos, pero en cada caso con distinto perfil y causa. Aunque trascendió su escuela de origen, #Yosoy132 llevaba el sello de los chavos de la Ibero y de la coyuntura político electoral; la huelga del Poli responde al perfil de estudiantes técnicos, de quienes la impulsan y a la naturaleza educativa de sus exigencias; la insurgencia en torno a Ayotzinapa está marcada por la condición campesina de la mayor parte de los que estudian en las normales rurales, por alzarse contra la victimización, por la destacada participación de los maestros de la CNTE y porque las acciones masivas más duras se están desarrollando en el estado de Guerrero.

4. Está documentado que la Procuraduría General de la República conocía la vinculación con el narco y presunta responsabilidad en un asesinato del presidente municipal de Iguala y, sin embargo, no lo investigó. Hay datos que involucran al Ejército y a la policía con los hechos del 26 y el 27 de septiembre, y es difícil de creer que estando ahí desde hace mucho, ignoraran lo que ocurría en el municipio. Si a esto agregamos la suma de agravios que acumulan los mexicanos y las torpezas gubernamentales de las últimas semanas, no debiera sorprendernos que a más de dos meses del crimen la consigna más coreada en las manifestaciones sea ¡Fuera Peña!

¿Qué significa hoy esta exigencia?

¡Fuera Peña! es menos y más que ¡Fuera el PRI! Menos porque la de Peña Nieto es sólo una administración federal y no la totalidad del sistema autoritario. Más porque dada la quiebra moral de este gobierno, su caída es hoy posible, lo que sin duda abriría paso a un reacomodo de fuerzas político sociales y quizá a la refundación democrática de la República.

En las marchas se grita también que a los de Ayotzinapa los desapareció el Estado, queriendo decir que el crimen involucra a todas las instituciones públicas. Y quizá así es. Pero si responsabilizamos por igual a todos los políticos, entonces la consigna no debe ser ¡Fuera Peña! sino ¡Que se vayan todos! ¿Será?

Nacido en Argentina y repetido en México, el grito ¡Que se vayan todos! da fe de un merecido descreimiento en el gremio de los políticos. Sin embargo, como consigna central es hoy impertinente, pues de imponerse dispersaría un movimiento cuya fuerza radica precisamente en que está focalizado en un tema: el crimen de Iguala, y un responsable mayor: la actual administración. En cambio, si se pasa de ¡Fuera Peña! a ¡Que se vayan todos!, lo más probable es que no se vaya nadie.

El sistema político mexicano está podrido y la descomposición moral involucra a casi todos. Pero el crimen de Iguala y lo que éste representa tiene un responsable mayor: el gobierno de Peña. A oscurecer este hecho colabora no sólo la consigna ¡Que se vayan todos!, sino principalmente las acciones provocadoras espontáneas o patrocinadas que han manchado las últimas manifestaciones.

Al gobierno federal le conviene el vandalismo anónimo, sobre todo en la ciudad de México y en la UNAM. Le conviene porque conduce a la represión, que a su vez deriva inevitablemente en brutalidad y arbitrariedad policiaca (el que piense que las intervenciones podrían ser asépticas y quirúrgicas, ignora lo que son las policías realmente existentes). Y esto debilita al movimiento por dos razones: porque algunos dejan de participar por temor, pero también porque desvía la atención y lleva el debate a cuestiones periféricas: ¿no es raro que la policía detenga sólo a los pacíficos?, ¿son realmente pacíficos todos los detenidos?, ¿debemos defender también a los violentos si se les detiene? Además de que multiplica los enemigos, porque si con el conque de los vándalos el jefe de Gobierno del Distrito Federal nos manda a los granaderos, en la siguiente manifestación gritaremos ¡Fuera Mancera!, y si la rectoría de la UNAM queda embarrada en un choque en el campus entre estudiantes y un agente del Ministerio Público, en la próxima marcha gritamos ¡Fuera Narro!...

No defiendo al rector o al Jefe de Gobierno, cuyas torpezas son patentes y deben ser criticadas. Sólo digo que el más interesado en generar conflictos parásitos y en involucrar a otros actores, sobre todo si pertenecen vagamente al centro-izquierda, es el propio Peña Nieto.

5. Hoy el movimiento marcha por dos carriles: el agravio específico que los familiares tienen que tratar con las autoridades, por ríspida que sea la negociación, y el del agravio genérico: violencia incontrolable, impunidad, penetración del narco en el Estado, criminalización de la protesta, pero también las llamadas reformas estructurales, más lo que se acumule en esta semana… Asuntos que por su misma naturaleza no pueden ser negociados con una administración pública a la que el movimiento está sentando en el banquillo de los acusados. No se puede negociar con Peña Nieto la renuncia de Peña Nieto.

El gobierno tiene pocas opciones. Una es generalizar la represión, como se lo demandan la oligarquía y los fascistas, castigo que de implementarse sobre un movimiento en ascenso posiblemente endurecería y ampliaría aún más la protesta y, con ello, la ingobernabilidad. Otra es prolongar la presunta investigación y entre tanto anunciar reformas insustanciales, discutibles y sobre todo poco creíbles, confiando en que el movimiento se desgaste y se divida de modo que los persistentes y duros puedan ser encapsulados y reprimidos. Esto con el riesgo el reflujo no llegue pronto y la ingobernabilidad se profundice. La última opción es que el control de daños incluya despidos o renuncias de alto nivel ¿qué tan alto? La moneda está en el aire.