a Conferencia del Episcopado Mexi­cano (CEM) aseguró ayer que si no hay atención a las víctimas de la violencia en el país, no habrá paz en México, y apuntó que en las actuales circunstancias de crisis humanitaria que prevalecen en el territorio, el gobierno no puede abandonarlas. En ese sentido, el órgano colegiado integrado por los obispos del país señaló que los gobiernos federal, estatales y municipales tienen la obligación y compromiso de recuperar el estado de derecho lo más pronto posible y castigar a los infractores, sean éstos delincuentes comunes o funcionarios corruptos u omisos.

Ante una perspectiva de violencia exasperante y dolorosa como la que ha destapado el asesinato y desaparición de normalistas de Ayotzinapa, hechos ocurridos en Iguala entre el 26 y el 27 de septiembre, resulta lógico que se dé un realineamiento de los distintos actores políticos y sociales respecto de sus posturas tradicionales hacia la institucionalidad del Estado. En ese ámbito se inscribiría el acento crítico que ha acompañado los pronunciamientos recientes de la CEM, un organismo que, a inicios de la actual administración, e incluso desde tiempos de la pasada campaña presidencial, se mostró muy cercano a la figura y al gobierno de Enrique Peña Nieto.

Fuera de esa consideración, que tiene que ver más con los enjuagues de poderes terrenales que con la función pastoral de la Iglesia, es de saludar que ésta comience a mostrar una tendencia a hacer eco de las voces de la sociedad civil y que retome, de esa manera, una función de respaldo moral a las causas de los sectores más vulnerables y afectados que en años recientes, salvo casos excepcionales y puntuales, parecía extraviada.

En verdad, este viraje no se podría entender sin un factor exógeno y coyuntural: el acento renovador de las posturas y pronunciamientos formulados por el papa Francisco en torno a diversos temas, entre ellos el de la violencia que se desarrolla en el país. Cabe recordar que el pontífice ha expresado en dos ocasiones, durante sendas audiencias generales en la Plaza de San Pedro, su solidaridad por la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, y que ha pedido a la propia Conferencia del Episcopado Mexicano que encomiende en sus plegarias a todos los mexicanos que se esfuerzan por no devolver mal por mal, trabajan por desterrar la injusticia y la violencia, buscando al mismo tiempo una sociedad mejor, la salvaguarda de la dignidad humana y la serena convivencia.

Es de esperar que esta postura no sea consecuencia de un cálculo político oportunista por parte de los obispos, sino parte de una renovación pastoral de la Iglesia de cara a sus millones de feligreses y frente a las sociedades contemporáneas en general, y que en este caso implique la recuperación del cristianismo de su histórica función civilizadora y su vocación pacifista.

Cabe esperar, asimismo, que las autoridades reconozcan en estas voces la necesidad de actuar como hasta ahora no lo han hecho: en apego a los mandatos constitucionales de salvaguardar los derechos de la población, esclarecer y procurar justicia para crímenes como la desaparición de estudiantes de Ayotzinapa y combatir la impunidad en todas sus vertientes.