La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) solicitó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y a su similar local (CDHDF) que inicien investigaciones para esclarecer la participación de presuntos grupos de choque vinculados al gobierno federal en las recientes manifestaciones que se han realizado en la ciudad y han terminado en actos de violencia.

Al presentar al pleno el punto de acuerdo, el diputado Alejandro Ojeda Anguiano, de la fracción del PRD, recordó que en las protestas que se realizaron el primero de diciembre de 2012 con motivo de la toma de protesta de Enrique Peña Nieto como presidente de la República, un grupo identificado como Unión de la Juventud Revolucionaria admitió haber recibido dinero a cambio de ocasionar disturbios.

Refirió que grabaciones difundidas por las redes sociales muestran a integrantes de dicho grupo transgrediendo el cerco que protegía la Cámara de Diputados, propiciando la represión de la protesta que se había conducido en forma pacífica por diversas organizaciones sociales y el movimiento #YoSoy132, terminando con la detención de más de un centenar de personas.

En las recientes protestas de acción global por el caso Ayotzinapa se repiten estas mismas estrategias de legitimación de la represión generadas por grupos de choque, de los cuales hay indicios que sugieren que están involucrados con el gobierno federal y que sólo se infiltran en las manifestaciones para generar disturbios y hacer posible la represión de la fuerza pública a las manifestaciones pacificas, apuntó.

Minutos después de la aprobación del exhorto en el pleno, la presidenta de la CDHDF, Perla Gómez Gallardo, quien se reunió en un salón del recinto legislativo con diputados para exponer su propuesta de presupuesto para 2015, dijo que el organismo no es autoridad investigadora o persecutora de delitos, sino que documenta la actuación de las autoridades. Pero estaremos dando respuesta puntual a este exhorto, siempre desde la persectiva de los derechos humanos, de la revisión de la autoridad y no de los particulares. Agregó que hay otras autoridades que también deben hacer su trabajo para que no haya un mensaje de impunidad.