Los procesos electorales que se realizarán el próximo año son una oportunidad para que el derecho a votar y ser votado se extienda a las personas con discapacidad, coincidieron Daniel Ponce Vázquez, director general adjunto de programas educativos y divulgación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), y Pablo Álvarez Icaza Longoria, coordinador de políticas públicas y legislativas del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la ciudad de México (Copred)

Las organizaciones civiles y la ciudadanía pueden influir para que los partidos políticos promuevan en su plataforma electoral los diversos derechos de este sector de la población, señaló Icaza Longoria.

Dijo que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) señala en su artículo 29, referente a la participación en la vida política y pública, que los estados partes se comprometen a promover activamente un entorno en el que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la dirección de los asuntos públicos, sin discriminación y en igualdad de condiciones, y fomentar su participación en los asuntos públicos.

Persiste el estigma

El derecho efectivo a ser votados, indicó, depende de que sean postulados por partidos políticos; sin embargo, persiste el estigma de que no pueden ser representantes de toda la población o de que no son personas capaces para ejercer el cargo.

Ponce Vázquez señaló que se tiene que abrir camino para ampliar los derechos políticos de las personas con discapacidad, entre ellas obtener credencial de elector, sufragar con asistencia y a la asociación política, ya que en México hay alrededor de 7 millones de personas con alguna discapacidad, de las cuales 500 mil habitan en la ciudad de México.

Durante su presentación en el panel Derechos políticos de las personas con discapacidad, manifestó que existen en el entorno social barreras físicas, materiales, tecnológicas, burocráticas y, sobre todo, culturales que pueden evitar o limitar que ciertos personas puedan ejercer sus derechos políticos.

Agregó que la inclusión consiste en transformar el entorno de tal manera que las instituciones, los programas y las políticas públicas tenga esta perspectiva que permita no sólo generar ajustes razonables, diseños universales y toma de conciencia, sino, sobre todo, la accesibilidad plena y la autonomía.