a denuncia que hizo ayer el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, de que se están formando grupos paramilitares en la zona indígena de Ayutla, donde tiene influencia la Organización del Pueblo Indígena Mixteco (Opim) y donde ha habido una fuerte militarización, debe ser vista con mucha atención.

El presidente de la Red Solidaria Década contra la Impunidad se reunió en privado con el gobernador Rogelio Ortega Martínez y abordó varios asuntos que esa agrupación atiende en Guerrero, entre ellos el asesinato del dirigente de la Unidad Popular de Iguala, Arturo Hernández Cardona, y dos de sus compañeros, crimen que se atribuye al alcalde con licencia José Luis Abarca Velázquez; el encarcelamiento de seis indígenas integrantes de la Policía Comunitaria de la casa de El Paraíso, Ayutla; y el caso de la Opim, entre otros.

El tema de los paramilitares en la zona de la Opim tiene relevancia porque, desde que fue creada, esta organización indígena ha sido perseguida por los gobiernos estatales y por el Ejército, y siempre se ha dado a sus integrantes tratamiento de presuntos guerrilleros.

En diferentes momentos, miembros de la Opim han recibido amenazas de muerte o han sido encarcelados. Cuando el Ejército los ha detenido invariablemente los ha interrogado sobre sus presuntos vínculo con la guerrilla.

Esta situación se complica ahora por la crisis política y de derechos humanos que viven el estado y el país a raíz de los acontecimientos del 26 y 27 de septiembre en Iguala. El temor gubernamental de que actúen grupos guerrilleros en protesta por la falta de resultados en la búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos podría generar excesos en contra de las organizaciones sociales, lo que no debe permitirse.

Habrá que prestar, pues, atención a las palabras del obispo, sin olvidar que fueron precisamente voces de alerta las que, de haber sido atendidas, habrían evitado lo que pasó en Iguala. Los paramilitares, valga decirlo, no actúan por su cuenta.