Morelia, Mich.

La médica forense Graciela Delgado Luna cumplió ayer 10 días en ayuno en la entrada a las oficinas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), en protesta porque esa institución no ha atendido sus quejas contra el Centro Estatal de Certificación, Acreditación, Control y Confianza (Cecacc) de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), del que fue despedida en mayo de 2014.

El martes pasado el gobierno del estado le ofreció una indemnización de 120 mil pesos, pero ella insistió en que se haga justicia y renuncie el ombudsman, José María Cázares. No vine aquí para que me dieran dinero, sino a defender mi dignidad, el respeto a mis derechos humanos, dijo.

Comentó que el 12 de noviembre de 2013, en rueda de prensa, denunció corruptelas en la PGJE, entre ellas venta de cartas de antecedentes no penales y certificados de defunción. En diciembre siguiente le informaron que no había aprobado el examen de control de confianza y cuatro meses después fue despedida, cuando estaba a tres años de jubilarse.

Dijo que el 4 de julio de 2011 le hicieron el primer examen. Me trataron muy mal. Soy diabética. Me negaron alimento y cuatro horas después me mandaron a orinar para ver si no había (consumido) sustancias prohibidas.

Al día siguiente le hicieron la prueba del polígrafo, la cual resultó negativa. El 10 de octubre se la repitieron. “Después me estuvieron hostigando: que si pertenecía a la delincuencia organizada, si vendía drogas, si había participado en secuestros.

Decidí presentar una queja ante la CEDH el 25 de octubre de 2011. El 5 de diciembre de este año tuve la audiencia de conciliación, en la que participaron personal de la CEDH y Sara Izveth Barreto, directora del Cecacc. Me propuso que me hiciera por tercer vez la prueba del polígrafo. Acepté, pero no pude acudir porque estaba enferma y así lo hice saber a mis jefes.

En enero de 2014 regresó a la CEDH y recibió un documento del 26 de diciembre de 2013 que decía que habría reprobado la prueba del polígrafo. “El 6 de mayo me notificaron que había sido separada de la procuraduría por esa causa, según la resolución administrativa.