En el último tramo del periodo ordinario de sesiones en San Lázaro, los diputados engrosaron su agenda de trabajo con reformas e iniciativas de diversa índole, entre ellas los cambios a la Ley Federal del Trabajo en materia de trabajo infantil.

El contenido de la iniciativa avalada por mayoría pretende evitar la explotación y violación sistemática de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Las iniciativas armonizarán la disposición con el artículo 123 constitucional, apartado A, fracción III, y con el artículo 2, numeral 3, del Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a fin de elevar de 14 a 15 años la edad mínima de admisión a un empleo. También quedaría prohibida la participación de menores en el trabajo peligroso e insalubre.

Juan Luis Martínez, de Movimiento Ciudadano (MC), adujo que el trabajo infantil es producto de una compleja combinación de situaciones económicas, sociales históricas e incluso culturales, y refirió que de acuerdo con los datos del Módulo de Trabajo Infantil, elaborado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), en 2013 había 29.3 millones de niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años, de los cuales 2.5 millones se encontraban realizando alguna actividad económica. De ellos, 1.7 millones eran hombres y 800 mil mujeres.

Resulta pertinente señalar que 673 mil menores trabajan en el sector agropecuario, lo cual es aún más grave, pues quienes laboran ahí están en los hechos al margen de cualquier legislación. La población infantil que habita y trabaja en el agro se encuentra en condiciones de explotación, añadió.

El texto también fue objetado por Ricardo Mejía Berdeja, vicecoordinador de MC, pues un sector particularmente golpeado, vejado y perseguido es sin duda, dijo, la juventud mexicana, a la que ha tocado crecer en un entorno de crisis económica, dificultades sociales y con falta de oferta educativa y de empleo.

Nos parece que esta reforma no atiende el fondo del problema del empleo en el país ni para los jóvenes, ni de las oportunidades para que los jóvenes mexicanos cuenten con una vida digna, en la que puedan estudiar, trabajar, crecer, formar una familia y ser parte de un país que crece con armonía y con estabilidad.

Socorro Ceseñas, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), reprochó que si bien hay un avance, es muy importante señalar algunas preocupaciones. En primer término, tendríamos que decir que la educación es un derecho y no un servicio. Por tanto, regatear y acomodar la ley en función del mercado laboral me parece un despropósito. Habrá quienes argumenten que la realidad nos rebasó, pero será tanto como aceptar que la corrupción es un asunto cultural.