México registra un marcado aumento en ataques a defensores ambientalistas por su trabajo. De 49 contabilizados entre 2011 y 2012, la cifra pasó a 82 de 2013 a los primeros cuatro meses del presente año.

En el informe anual de la Federación Internacional de los Derechos Humanos y la Organización Mundial contra la Tortura, denominado No tenemos miedo. Defensores del derecho a la tierra: atacados por enfrentarse al desarrollo desenfrenado, se destaca que la causa principal de las agresiones está ligada a megaproyectos eólicos, mineros, hidroeléctricos, gasoductos y acueductos, entre otros.

De acuerdo con el documento, a escala mundial la situación de los defensores de la tierra sigue siendo alarmante, porque aumentaron los casos de hostigamiento y violaciones a sus derechos humanos, entre los que se encuentran “las formas más extremas de intimidación y represalias, como amenazas y violencia; desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales; campañas de calumnias; vigilancia ilegal; hostigamiento judicial y detenciones arbitrarias”.

Andrea Cerami, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, señaló ayer en conferencia de prensa que entre enero y abril de este año México registró 29 casos, lo que supera los ocurridos en 2012 y representa casi el doble de los cometidos en 2011.

Manifestó que el mayor número de ataques a defensores ambientalistas, registrados a partir de 2013, ocurrieron en Oaxaca (35), y estuvieron relacionados con proyectos eólicos en el Istmo de Tehuantepec, pero también hubo nueve en Puebla, ocho en el estado de México y seis en Morelos, entre otras entidades.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, indicó que la reforma energética le preocupa porque legitima e institucionaliza la práctica de proyectos aprobados por parte del Estado, sin información y sin participación de las comunidades, además de que son poco sostenibles y sin beneficios para la población.

Cerami apuntó que las agresiones para los defensores de la tierra consisten principalmente en amenazas, aunque en el periodo citado hubo cuatro asesinatos, una campaña de desprestigio, 13 hechos de criminalización, seis desalojos, 13 detenciones ilegales (siete con uso indebido de la fuerza pública), 12 casos de intimidación y cinco de allanamiento.

Mencionó que en 30 casos no se ha podido identificar al agresor y en seis se trató de personas asociadas a la autoridad.

Yasser Caballero, del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y Adrián Ramírez, de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, destacaron que la impunidad prevalece en este tipo de ataques.