Los grupos parlamentarios de PRI, PAN y PVEM en la Cámara de Diputados desempolvaron un dictamen de reforma a la Constitución que define el derecho a la movilidad, pero que en realidad autoriza al Estado a buscar mecanismos alternativos al ejercicio de las libertades de expresión, reunión y manifestación y a regularlas mediante una ley general.

El 23 abril la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó el dictamen de reforma a los artículos 11 y 73 de la Constitución, con la finalidad de incluir el derecho a la movilidad, y el documento fue congelado en la mesa directiva.

Ayer, en el contexto de las movilizaciones en todo el país para demandar la aparición con vida de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, esos partidos incluyeron el tema en el orden del día.

Además, la junta directiva de la comisión –con el voto en favor de su presidente, el perredista Julio César Moreno– hizo una adición al dictamen, para que el Congreso establezca las bases para hacer efectivo el derecho a la movilidad, con la expedición de una ley general, en un plazo no mayor a 180 días, y para que los congresos de los estados modifiquen sus legislaciones en ese mismo sentido.

Diputados de PRD y Movimiento Ciudadano, que en abril aprobaron el dictamen, aclararon que el contexto social del país era otro en ese momento, además de que la enmienda original buscaba garantizar la movilidad urbana como una necesidad básica, en el contexto del crecimiento del transporte particular. Ahora, alertaron, se trata de una reforma políticamente incorrecta.

Aun cuando el dictamen –aprobado por 292 votos de PRI, PAN, PVEM y sus aliados del Panal, y 100 en contra de PRD, PT y Movimiento Ciudadano, y turnado como minuta al Senado– define en sus consideraciones que el derecho al libre desplazamiento no puede estar en pugna con el ejercicio de otros derechos fundamentales, tales como el de reunión, manifestación y protesta social, sí expresa que se buscarán mecanismos alternativos para el disfrute de dichas garantías.

Añade: La legislación que expida el Congreso de la Unión en materia de movilidad universal no debe partir ni entender que existe tensión o contradicción entre este derecho con el ejercicio de otros derechos humanos, sino al contrario, el derecho a la movilidad universal pasa a formar parte del conjunto de derechos humanos, junto con el de manifestación, reunión y protesta social, reconocidos por la Constitución, de los cuales gozarán todas las personas en el territorio nacional.

Cientos de personas se manifestaron ayer en Chilpancingo, Guerrero, para recordar el 40 aniversario de la muerte de Lucio Cabañas y exigir que aparezcan con vida los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidosFoto Reuters

Ante esa redacción, la diputada Graciela Saldaña Fraire (PRD) preguntó: ¿Desde cuándo un derecho humano constitucionalmente establecido debe reglamentarse? Resulta perverso y nada casual que ante las manifestaciones masivas hoy se proponga dar paso a una ley para reglamentar la movilidad. Estamos en riesgo de aprobar una ley que enmascare la regulación del derecho al libre tránsito y a la protesta social y, en consecuencia, a la represión oficializada.

Ricardo Mejía, integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales y vicecoordinador de Movimiento Ciudadano, dijo que si bien él aprobó el dictamen a una iniciativa del PAN, lo hizo porque se trataba de una propuesta progresista, a la que ahora se le cambió el sentido.

En la coyuntura política y social que vive el país, este dictamen es inoportuno. La reforma bien puede utilizarse como una coartada para la represión y frenar el legítimo derecho del pueblo a manifestarse, al libre tránsito. Estamos ante la previsible contradicción entre dos derechos constitucionales, el de tránsito y el de movilidad, expuso.

Amalia García Medina (PRD), integrante de la comisión que también avaló el dictamen en abril junto con sus compañeros Julio César Moreno, José Ángel Ávila y Luis Espinosa Cházaro, sostuvo que entonces México era otro. Resaltó que la atribución constitucional para garantizar la movilidad se incluye entre las atribuciones del Congreso en materia de medio ambiente.

Regular la libertad de expresión, asociación, de petición, de reunirse en asamblea, entre otras, dijo, violaría los artículos 8, 9 y 35 de la Constitución.