a respuesta a las calles se dio en las curules. De las manifestaciones públicas, crecientes, pacíficas y plurales, al madruguete en el Palacio Legislativo de San Lázaro, donde PRI y PAN, con el apoyo del Verde, aprobaron de manera relampagueante una carta represiva que mantenían bajo la manga desde abril pasado.

Diputados convertidos en trajeados granaderos que pretenden encapsular el derecho a la expresión pública de las inconformidades, utilizando como presunto justificante de sus decisiones provocadoras la movilidad y la ecología, al facultar a las autoridades gubernamentales a la virtual prohibición (encapuchada de regulación) de las manifestaciones públicas.

Falta la aprobación del Senado (donde le es más fácil al PRI imponer su voluntad, con panistas y perredistas alineados y la presidencia fársica de Héctor Miguel Bautista), pero ya en San Lázaro se confirmó la calculada intención del peñismo y sus aliados de generar un clima propicio para la cancelación de libertades de expresión y manifestación, a partir de los infiltrados, la provocación y los medios de comunicación que prefieren destacar los episodios violentos y no las marchas pacíficas. El gobierno federal, y su comisionado para el Distrito Federal, el mal procurador Miguel Ángel Mancera, han promovido o cuando menos han dejado correr la película de los destrozos, los incendios y la sangre para tratar de justificar medidas como la autorizada ayer por una de las dos cámaras legislativas.

No se trata de un arranque ni una ocurrencia. Gobernadores intensamente deseosos de hacer el trabajo sucio a Los Pinos (Chiapas, Quintana Roo y Puebla) ya dieron pasos, meses atrás, en la misma dirección, haciendo aprobar ordenamientos restrictivos de las manifestaciones públicas e incluso, en el caso de Rafael Moreno Valle, por ello apodado el Góber Bala, propiciatorios del uso extremo de la fuerza pública, con disparos de armas de fuego incluidos. Ante la crítica reacción popular, en esos estados se dio marcha atrás o se atenuaron las medidas autoritarias, pero el ensayo cumplió sus objetivos de presagio.

Lo que han aprobado los diputados-granaderos y llegará a la cachiporra senatorial es una propuesta de Ley Bala nacional. La restricción del derecho a manifestarse tiene como consecuencia natural la autorización a las autoridades gubernamentales para aplicar sus recursos de disuasión y represión para hacer cumplir las órdenes prohibitivas. En los hechos, los gobiernos federal y capitalino están aplicando un método de amedrentamiento a manifestantes mediante la provocación de violencia (cuyos verdaderos causantes siempre logran huir), luego que marchas y manifestaciones tan concurridas como pacíficas se han dado por terminadas, y la posterior arremetida contra ciudadanos sin relación con los hechos, los que suelen ser encarcelados, golpeados y amenazados, aunque luego se les puede dejar en libertad, como ha sucedido en episodios recientes.

La pretensión restrictiva aprobada ayer en San Lázaro da cuenta del ánimo desesperado de un gobierno federal que no atina a plantear salidas o soluciones pacíficas y prefiere apostar por el uso de la fuerza y la imposición de políticas de granadero.

El próximo sábado se cumplirá un siglo de que entraron triunfantes a la ciudad de México los revolucionarios ejércitos norteño y suriano, encabezados respectivamente por Francisco Villa y Emiliano Zapata. De aquellos episodios de poder popular cabalgante quedó como imagen perdurable la de los dos generales en Palacio Nacional, uno de ellos, Villa, sentado en la mera silla presidencial. En conmemoración de ese episodio se realizarán caravanas hípicas este 6, unas en cívico entendimiento con autoridades capitalinas e intencionalidad rigurosamente apacible, y otras desde más de una docena de puntos de la periferia, en una toma política en protesta por las políticas antiagraristas, antipopulares y entreguistas de la administración de Enrique Peña Nieto y de la inmensa mayoría de los gobernadores estatales.

Aun cuando la atención pública está centrada actualmente en las explosiones de descontento fundamentalmente urbanas y de clases medias (aunque detonadas por el caso de una normal rural, la de Ayotzinapa), en el campo mexicano se vive una presionante insatisfacción a causa de las políticas gubernamentales promovidas o toleradas por el peñismo. No se trata solamente del desasosiego derivado de los problemas de comercialización o de las trabas, corrupción y manipulación inherentes a la aplicación del sistema oficial asistencialista.

Campesinos, comuneros, ejidatarios y pequeños propietarios han recibido demasiadas señales de que van cambiando las reglas de la operación rural, con políticos gobernantes aliados a empresas nacionales y extranjeras en proceso de quedarse con tierras y riqueza (entre ellas el agua), en virtuales planes de expropiación desde las cúpulas. Un ejemplo impactante lo dieron las fórmulas aprobadas en la reforma energética, que mostraron las pretensiones de ceder a inversionistas nativos y foráneos franjas de propiedad privada para servidumbres de paso.

Otro tema inquietante es el de la renovación o cancelación de las concesiones de agua. Empleados de compañías particulares, contratadas por Conagua, han recorrido el país para verificar que unos 450 mil mexicanos están en uso de sus pozos. Una suma aún imprecisa de esos concesionarios se ha visto de pronto dictaminada como carente de condiciones para que se le dé nueva vigencia a los permisos que han vencido de 2009 a la fecha. Ha sido fácil encontrar causales para esa virtual cancelación (falta de recibos de pago de electricidad o consumo de diesel, equipo de bombeo retirado por no ser temporada de riego, etc.) Antes, el hombre de campo tenía un título de concesión y ahora a lo mucho se expide una jurídicamente manipulable constancia de registro de obra de alumbramiento. Si la del futuro es la guerra por el agua, pareciera que en México ha comenzado, con Conagua retirando concesiones y empresas particulares dispuestas a hacer negocio. ¡Hasta mañana!

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