Ningún cambio estructural será efectivo, ninguna medida legislativa dará los resultados esperados si no se cuenta con un cuerpo judicial capacitado, profesional, valiente, honesto y comprometido que, mediante sus resoluciones, en un ambiente de respeto irrestricto a los derechos humanos, sancione severamente las conductas que atenten contra la vida, la libertad, la dignidad y el patrimonio de las personas, aseveró Jorge Mario Pardo Rebolledo, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En la ceremonia en que los plenos del máximo tribunal, del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dieron ayer la bienvenida a las magistradas Rosa Elena González Tirado y Martha María del Carmen Hernández Álvarez como consejeras de la Judicatura Federal, Pardo Rebolledo señaló que los recientes “trágicos acontecimientos nos han indignado a todos.

Los gritos que exigen justicia resuenan con fuerza en los oídos de nosotros los jueces. Somos conscientes de esa legítima demanda de importantes sectores sociales. Estamos preparados y dispuestos a cumplir con nuestras obligaciones constitucionales y legales sin reserva alguna, subrayó Pardo Rebolledo luego de reconocer que la actuación del CJF debe estar dirigida a incrementar la confianza de la sociedad en los jueces.

Por su parte, la consejera Hernández Álvarez aseveró que México requiere un modelo judicial en el que se garanticen los derechos humanos y el debido proceso sobre cualquier interés o circunstancia, además de que, desde su competencia constitucional, el CJF debe garantizar la independencia e imparcialidad de los juzgadores, a quienes se debe respaldar y no perseguir cuando emitan criterios soportados en sus amplios conocimientos jurídicos.

Días después de que un juez federal liberó a 11 detenidos por los hechos violentos ocurridos en el Zócalo capitalino, acusados de delitos graves por la Procuraduría General de la República (PGR), por considerar que se violó su derecho al debido proceso, Hernández Álvarez aseveró que si bien debemos partir del principio de presunción de inocencia, la Judicatura no puede estar expuesta a casos de duda en la independencia de sus jueces y magistrados al momento de emitir sus resoluciones, sino, al contrario, debe dar fuerza al estado de derecho, a sus instituciones.

Luego de hacer una semblanza de las magistradas que se integran al órgano encargado de la vigilancia, administración y disciplina de jueces y magistrados federales, Pardo Rebolledo señaló que el consejo debe fortalecer su autonomía y presencia no sólo en materia jurídica, sino también ética y moral, para inspirar y proteger a quienes imparten justicia en el país.

Subrayó que si bien la justicia federal está en buenas manos, se debe hacer patente la exigencia ineludible de que cuando se tenga noticia y evidencia de que un juez traicione esa confianza, reciba el castigo con todo el rigor de la ley, porque un elemento negativo afecta la imagen de toda la institución.

El ministro de la SCJN destacó que en tiempos de crisis los juzgadores siempre han sido baluartes de la legitimidad estatal y que es la vocación de la justicia la que acerca a los gobernados con sus autoridades y los hace confiar en ellas.