n un primer momento Enrique Peña Nieto pretendió restringir el caso Ayotzinapa a un asunto local y fue el río de manifestaciones en todo el país y fuera de él, bajo el grito ¡Fue el Estado!, las que lo llevaron a asumir la investigación por conducto de la PGR. El pasado 28 de noviembre presentó su plan de seguridad y justicia en favor del estado de derecho y el desarrollo, hijo del Pacto por México, con el mismo formato, pero ahora con fuerzas políticas que, como la del PRD, llega en situación de debacle, mientras el PAN hace sus cálculos, pues tiene en la mira que el próximo año es electoral. El discurso de ese día ofrece un excelente autorretrato del peñanietismo con su llamado nuevo proyecto de nación. Su tesis central es que no fue el Estado: Hace dos meses, México sufrió uno de los ataques más cobardes y crueles del crimen organizado. Los actos inhumanos y de barbarie, ocurridos el 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero. En seguida reconoce la responsabilidad de policías y autoridades municipales al servicio de la delincuencia organizada, ¿por ello no son servidores públicos? ¿no son parte del Estado los municipios? pese a que en la averiguación previa abierta contra los uniformados (la HID/DC/02/0993/2014), referida por la revista Proceso, se anotó que la agresión a los normalistas de Ayotzinapa no fue perpetrada sólo por policías municipales y encapuchados vestidos de civil; también participaron elementos de la Policía Federal y tropas del Ejército. Luego anotó que al Estado sólo le toca investigar, o sea un simple Ministerio Público, y sin reconocer que se tardó 10 días anota que dio la instrucción de atraer el caso. Ya en sus terrenos federales, la PGR ha convertido los crímenes de lesa humanidad en delitos comunes. Afirmó que a la fecha, se han detenido y puesto a disposición de la justicia a 79 probables responsables, incluyendo a los autores intelectuales, así como al líder y a los principales operadores del grupo criminal que cometió estos actos brutales. A ninguno se le ha consignado por desaparición forzada; no pueden hacerlo, pues se les viene abajo su construcción en torno a que simplemente autoridades municipales entregaron a los estudiantes al crimen organizado pero no fue el Estado. Nada dijo de redireccionar las líneas de investigación y buscarlos vivos, como exigen los familiares de los jóvenes.

El procurador general de la República rechazó que se hable de crimen de Estado, señalando que Iguala no es el Estado mexicano; en esa lógica Tlalteloco en 1968 no es el Estado mexicano, la masacre de Acteal, en Chiapas, no es el Estado mexicano, para señalar ejemplos de crímenes de lesa humanidad cuya dimensión es rechazada. En contraste, reivindica que aceptó la asistencia técnica de la CIDH sin referir que lo obligó a ello la presión social nacional e internacional. Siguiendo la línea autoexculpatoria, concedió que se dieron condiciones de debilidad institucional; incluso afirma que sus empleados públicos eran parte de una organización delictiva. Y luego procede a considerar al federalismo culpable de la debilidad, y se vulnera a todos los municipios del país al señalar que se presentará una iniciativa de reforma constitucional que facultará al Congreso a expedir la ley contra la infiltración del crimen organizado en las autoridades municipales. Esta nueva ley, señaló, establecerá el mecanismo para que la Federación asuma el control de los servicios municipales o, en su caso, se disuelva un ayuntamiento cuando existan indicios suficientes de que la autoridad local está involucrada con la delincuencia organizada. También se decide la creación obligatoria de policías estatales únicas, y anunció que los primeros cuatro estados en adoptar este modelo serán: Guerrero, Jalisco, Michoacán y Tamaulipas. Y para asegurar que así sea, se sancionará a los presidentes municipales que no entreguen el mando policial, así como a los gobernadores que no lo ejerzan. Y remató con la orden al gabinete de seguridad que realice un operativo especial en la región conocida como Tierra Caliente. Rescató propuestas del sexenio anterior y abordó el telón de fondo del llamado proyecto de privatización que el peñanietismo lo atribuye a la nación.

Con una referencia a la pobreza y marginación en el sur del país –región de los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca–, atribuyó a ello la conflictividad social. Destacó el Programa Nacional de Infraestructura, que también incluye proyectos estratégicos, entre otros los gasoductos del Corredor Transítsmico, el de Salina Cruz a Tapachula, o el de Lázaro Cárdenas a Acapulco, que permitirá introducir el gas natural, por primera vez, a esta región del país.

Refirió a las tres entidades con mayor presencia indígena y omitió a sus pueblos, los cuales, por supuesto, responderán en consecuencia. Eso sí: ofreció consultar a la academia y a la iniciativa privada. El colmo de la retórica fue concluir con el grito de ¡Todos somos Ayotzinapa!