na y otra vez el PRI y el gobierno han defendido sus acciones frente al horror de Iguala. Se han quejado, asimismo, de desmesura y piden que seamos específicos: lo que ocurrió, dicen, es el asesinato de seis personas y la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero, el pasado 26 de septiembre, por policías municipales e integrantes del crimen organizado y Abarca ha sido capturado. Así se expresó César Camacho, por ejemplo, circunscribiendo la matanza de Iguala a los hechos ahí ocurridos, frente a quienes han demandado la renuncia del Presidente. Sucede que el propio Presidente dijo el jueves pasado, al hacer su propuesta frente al clamor nacional, que todos somos Ayotzinapa. Bien, parece que el Presidente coincide con todos los mexicanos en que Iguala iguala a toda la República en el inmenso peso de la ley de la selva que priva en la sociedad mexicana, y que después de Iguala nada puede ser igual en el país, no sólo en Iguala.

El PRI hizo publicar un desplegado en el que agrupa adecuadamente las propuestas presidenciales en tres capítulos: 1) sociedad y justicia, 2) combate a la corrupción y a la inseguridad y 3) fomento al desarrollo económico (en el abandonado sur de la República). Numerosos artículos y editoriales han señalado las diversas acciones de EPN que ya habían sido propuestas desde el sexenio pasado y otras que se encuentran en forma de proyectos de ley en el Congreso. Pero hasta ahora nada de lo propuesto ha prosperado. Adicionalmente los qué de las acciones peñistas son enunciados excesivamente someros y no vienen acompañados de cómo se llevarán a los hechos. De este modo, resolver el problema de la corrupción y de la impunidad, así como el de a seguridad y la de una justicia correcta y oportuna, se nos ha prometido tantas veces, que su credibilidad se halla en mínimos históricos. Lo del fomento al desarrollo es una reincidencia cotidiana antediluviana que, por cierto, viene acompaña de la adevertencia de que esto no puede ser de un día para otro. Por eso las marchas y las protestas continúan.

Una de las críticas correctas que se hicieron al insolvente régimen de Calderón –y al de Fox–, fue justamente que no tenían oficio de gobierno y, entre otros ejemplos, ahí estaba la guerra –así la llamó el perplejo Felipe– contra el crimen organizado, que inauguró el camino de las matazones entre bandas, entre soldados y bandas, en la atracción de miles de ciudadanos paupérrimos a servir como carne de cañón de los capos, o a convertirse en capos, en aumentar la corrupción en los gobiernos a niveles insospechados, en penetrar estructuras de gobierno: el infierno. Pero esta crítica mutó y se volvió política de Estado: EPN habrá hecho algunas innovaciones organizativas, ha dado cacería a capos más famosos que los que atrapó el desconcertado Felipe, pero siguió el mismo camino; y el mayor nivel de los capos atrapados no ha disminuido las matazones; quizá todo lo ha empeorado. EPN está cargando con ese pasado, por eso también, la credibilidad sobre sus medidas es mí­núscula. La demostración de que el PRI sí tiene oficio de gobierno no ha avanzado espectacularmente, ni mucho menos.

Circula en múltiples redes sociales una entrevista realizada al investigador de la Universidad de Columbia Edgardo Buscaglia, en la que afirma que el movimiento social del presente en México se encuentra en uno de los puntos más altos en que ha estado históricamente, pero que hasta ahora, no es suficiente para operar un cambio profundo en México. El país es muy grande y muy diverso, territorial y socialmente. Aún nos encontramos lejos unos de otros; no tenemos bases para confiar los unos en los otros con suficiencia. Una convergencia social nacional popular sólo puede tener lugar si se contruye una reforma madre en lo electoral, por ejemplo. “La función electoral es un sistema disfrazado de democracia donde el ciudadano no tiene ningún impacto en la elaboración de las listas, dice. Y cuando las listas están elaboradas con el 70 u 80 por ciento de mafiosos, porque son listas cerradas, hechas a oscuras por los caciques de los partidos, no puede haber ninguna reforma –ni de salud, ni ambiental, ni de educación, ni judicial– que pueda llegar a implementarse. A lo mejor no podemos limpiar las listas completamente, pero cuando menos debemos echar a los más obscenos. Porque México tiene miles de Abarcas.

“Eso fue lo que hicieron Martin Luther King y Mandela: forzar el voto directo, no solamente en la elección general, sino en la elaboración misma de listas. Y promover un movimiento social y nacional que tome como bandera esta intención de llevar el voto popular a las listas, sería fundamental… Ésa sería una reforma madre”.

EPN publicó un artículo en el diario británico Financial Times, argumentando que la agenda de reformas en México se hallaba completa gracias a las 11 reformas estructurales y que con ellas México sería más abierto, productivo y competitivo para brindar mejores condiciones de vida a las personas. Al menos por el momento todo parece indicar que la realidad se aleja de esa tesis optimista, y aunque se nos ha vuelto a decir que el impacto de las reformas estructurales no es para mañana, esto en un país encolerizado, apunta hacia la más que indeseable ingobernabilidad.